CONCERTACIÓN. La legislación contra las conductas anticompetitivas lleva años de aplicación, sin embargo, es la primera vez que Indecopi está frente a un caso que al parecer no admite dudas, pues una de las empresas involucradas es la que ha brindado la información y no ha permanecido en el anonimato, sino que ha decidido dar la cara.

Este caso, que involucra a las dos empresas que dominan el mercado de papel higiénico, es algo más que simbólico, pues su investigación se ha extendido a Chile y Colombia. Pero mientras Chile concluyó y estableció las sanciones para los responsables, en el Perú lo que ha terminado es solo la investigación preliminar.

No es fácil investigar las conductas anticompetitivas y en algunos casos la autoridad se ha demorado hasta cinco años para establecer responsabilidades, pero a los plazos administrativos se suman los judiciales, pues existen empresas que buscan eludir la sanción impuesta y acuden al Poder Judicial. El “Caso del pollo” fue resuelto en 1997 por la autoridad administrativa en un año y dos meses, pero demoró 12 años y 11 meses en el Poder Judicial (dos instancias). Si bien la sentencia fue ratificada, las multas impuestas por el Tribunal de Indecopi fueron reducidas en el Poder Judicial.

Es importante, para que se legitime la economía de mercado, que haya competencia y que las empresas no se coludan para perjudicar a los consumidores o a sus competidores. Pero es necesario que las normas anticompetitivas sean de tal nivel que desalienten este tipo de comportamientos. En el Perú el bajo nivel de multas, la ausencia de sanciones penales y la facilidad con la que se puede dilatar la aplicación de la sanción atentan contra la finalidad de disminuir este tipo de prácticas.

Países como Estados Unidos, México, Brasil y Argentina sí establecen pena de cárcel, y si bien la Unión Europea no lo establece, sus multas están entre las más altas (15% a 25% de las ventas anuales o 10% de las utilidades anuales).

Las normas en Perú se han ido perfeccionando poco a poco, quizá es momento de algunos ajustes más, tal como está haciendo Chile, donde la Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto de ley que establece penas de cárcel de entre cinco años y diez años por colusión.