Seguridad ciudadana. En el marco de sus facultades delegadas, el Ejecutivo ha dictado algunas normas para tratar de combatir la inseguridad ciudadana. Algunas son positivas, como el ampliar las penas en el caso de asesinatos de policías, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, o cualquier autoridad elegida por mandato popular (de 20 a 35 años). Otras han generado algunas preocupaciones, como las de obligar a los vehículos de transporte público, tiendas y otro tipo de locales a contar con cámaras de vigilancia.

Una de las últimas normas ha sido establecer que los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú no podrán trabajar en ninguna empresa de seguridad privada ni podrán ser accionistas, socios o administradores de alguna y que estas empresas deben ser autorizadas por la Sucamec.

Todas estas medidas son muy importantes, pero no pasarán de ser buenas intenciones si no existe un cambio real en las personas que deben hacerlas cumplir.

En primer lugar, no será fácil que los policías acepten los cambios si no ven un incremento real en sus remuneraciones, pues prestar servicio a empresas privadas muchas veces hacía que duplicaran sus ingresos, y sobre este punto los planteamientos del ministro no han sido claros. Según las cifras mostradas, de enero 2015 a enero 2016 el incremento, para el menor nivel, será de apenas S/. 200. Es decir, en enero del próximo año un suboficial de tercera ganará S/. 2,628, y lo peor es que el ministro del Interior no ha precisado si todo el monto es pensionable, o como muchos policías aseguran, el monto está compuesto de bonos, mientras que el básico es un monto mínimo.

En segundo lugar, y quizás lo más importante, sea que las normas son siempre aplicadas por personas y si no existe un cambio real en todos los estamentos de la lucha contra la delincuencia, no se podrán ver resultados efectivos, sin importar cuántas veces se cambien las normas ni cuán severas se vuelvan las sanciones.

Mientras tengamos policías, fiscales o jueces dispuestos a no cumplir con sus obligaciones a cambio de dinero, nada cambiará y para ello se requiere una gran reforma, que quizás este Gobierno no esté en capacidad de realizar, pese a las buenas intenciones del ministro Pérez Guadalupe.