Editorial: La supervisión que aún falta

Sería útil que Sunedu también decida fijar la mira en las universidades públicas que disfrutan de esa especie de beneficio fiscal que es el canon.

UNIVERSIDADES. Los gobiernos regionales que reciben recursos del canon deben entregar el 20% de ese dinero a las universidades públicas de su circunscripción. Dichos fondos se destinan, exclusivamente, a la inversión en investigación científica y tecnológica orientada a potenciar el desarrollo departamental. Este enunciado nos debería hacer sentir que vivimos en un país donde el Estado prioriza la formación académica de su juventud y, por supuesto, el progreso económico y social de sus subdivisiones geográficas.

Pero no es así, porque aunque no contamos con estadísticas suficientes, se sabe que las universidades públicas solo invierten parte del canon en investigación y, por supuesto, desconocemos la existencia de resultados que avalen que el dinero está siendo utilizado correctamente. En vista de que esta disposición data de hace catorce años, creemos que ya es tiempo de que se rindan cuentas.

En teoría, son los gobiernos regionales los encargados de recabar esa información –la normativa establece plazos semestrales para cumplir tal obligación–, pero es obvio que no cuentan con la data pertinente. La Contraloría General también debe tomar cartas en el asunto, aunque sus carencias le impidan hacerlo con la pertinencia deseada. ¿Quién nos queda, entonces?

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), con apenas medio año funcionando, está actuando en diversos frentes y emitiendo señales de que ahora, por fin, la cosa va en serio. Además de estar concentrada en la elaboración de la reglamentación que fijará estándares de calidad educativa, acaba de anunciar que supervisará el uso de los beneficios tributarios que reciben las universidades privadas –tanto las que tienen fines de lucro como las que no–.

Sería útil que Sunedu también decida fijar la mira en aquellas universidades públicas que disfrutan de esa especie de beneficio fiscal que es el canon. Consideramos que no sería complicado para este organismo regulador fijar los criterios de evaluación. Solamente una adecuada supervisión pondrá fin al secretismo que hoy impera.

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