DEMOCRACIA. Estamos a punto de cerrar, en lo que va del siglo, la cuarta elección democrática de un presidente de la República y de un Parlamento Nacional. El proceso se debe cumplir conforme a las leyes y otras normas dictadas para que elegidos y los electores, sin excepciones, las cumplan escrupulosamente.

Si bien es cierto que hasta ahora no se han violado los preceptos, ni existe la amenaza de que estos vayan a ser manipulados para favorecer a determinados candidatos, siempre es importante mantenernos alertas para evitar maniobras en ese sentido o para impedir que la suma de pequeñas acciones ilegales o de faltas minúsculas termine ensuciando el sufragio popular.

Así, los representantes de los poderes del Estado deben guardar obligatoria neutralidad en el proceso. Es el caso del presidente de la República, no solo porque un militante de su partido interviene en la justa electoral, sino porque es el portavoz oficial de todos los peruanos. Además, debe impedir a las entidades estatales utilizar los modernos canales de comunicación para difundir propaganda prohibida por la Ley Orgánica de Elecciones.

Y esta transparencia y limpieza también debe alcanzar a los partidos que intervienen en la campaña electoral. Su primer compromiso, en consecuencia, debe ser el cumplimiento del denominado Pacto Ético Electoral que voluntariamente han suscrito, y cuyo principal objetivo es centrar la campaña electoral en un debate de ideas y programas. Cumplir este punto debe ser irrestricto y de carácter imperativo, porque las organizaciones políticas deben promover el voto informado de los electores.

Pero tampoco deben escapar de guardar la transparencia y la limpieza del proceso los organismos electorales, y no lo decimos porque dudemos de su legitimidad, sino porque sus prolongados silencios pueden generar suspicacias. Es el caso, por ejemplo, de su lentitud para revelar los partidos que incumplen la entrega de sus reportes financieros.

Al final de cuentas, el propósito común es mejorar nuestra democracia e impedir que los ruidos políticos y la falta de transparencia terminen afectando el crecimiento económico del país.