LEY PULPÍN. La próxima semana se realizará una sesión de la Comisión Permanente del Congreso para debatir el nuevo régimen laboral juvenil. Y, a juzgar por los pronunciamientos de las diferentes bancadas, lo más probable -hasta el momento- es que la oposición consiga los votos necesarios para derogar la famosa ‘ley pulpín’. De los seis proyectos de ley presentados hasta ahora, cuatro plantean la derogación de la norma, uno la suspensión y el otro, modificaciones.
Lo irónico de este caso en particular es que el ahora “abrumador” rechazo al régimen juvenil pasó inadvertido mientras se discutió y aprobó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Incluso fue imperceptible en el pleno del Congreso al contar con tan solo 12 votos en contra y 69 a favor. Solo una vez que el rechazo se consolidó entre un grupo de jóvenes, la gran mayoría de la oposición comenzó a calificar la ley como un atentado contra los derechos de los trabajadores; la misma ley que antes apoyaron.
Da la impresión, entonces, de que la oposición entiende los beneficios que traería tanto para la economía del país como para la gran mayoría de jóvenes -que no está en planilla- un régimen más flexible para un sector particularmente rezagado y menoss vulnerable, pero igual elige darle la espalda por un cálculo político con miras a las elecciones del 2016.
Por otro lado, el Ejecutivo ha mostrado la disposición para negociar ciertos términos de la ley e incluir reclamos de los opositores a la medida. Dichas modificaciones se harán visibles en el reglamento de la ley que, según el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, está “casi listo”. De acuerdo a lo expresado anteriormente por miembros del Ejecutivo, uno de los cambios es la incorporación del pago de utilidades en la nueva figura. El otro se encargaría de poner más candados legales para proteger a los jóvenes que ya se encuentran en el régimen general. Ambas medidas tienen el propósito de ser conciliadoras.
Por lo tanto, sería un disparate discutir la derogación de la ley o modificaciones a ella sin antes ver el nuevo planteamiento del Ejecutivo. Esperemos que la convocatoria se realice después de la publicación del reglamento y la discusión se plantee en base a su contenido; no a aspiraciones políticas.
