RÉGIMEN JUVENIL. La semana pasada comenzó oficialmente la campaña presidencial con miras al 2016. Alan García, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski salieron a criticar abiertamente al Gobierno por promulgar la ley que establece el nuevo régimen laboral juvenil, una iniciativa que busca promover el acceso de los jóvenes al mercado laboral tomando en cuenta la precariedad de su situación actual. Lo incongruente es que tanto Alan, Keiko, Toledo como PPK ya se habían mostrado a favor, en diversas oportunidades, de propuestas similares.
Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, por ejemplo, se promulgó la ley mype, que contempla una reducción de beneficios –aún mayor que la del régimen juvenil– para los trabajadores de las micro y pequeñas empresas. El Gobierno de Alan García también apoyó dicha ley a la par de la reducción de otros costos laborales en el sector público, por citar otro ejemplo. Mientras tanto, la presidencia de la Comisión de Trabajo en el Congreso durante todo este tiempo de deliberación estuvo en manos del fujimorismo, que se encargó de respaldar el proyecto ante el pleno y en declaraciones públicas. El caso de PPK es aún más curioso, pues en principio pidió extender la ley (tal como había planteado en su campaña del 2011) hasta los 30 años, para luego retractarse.
No olvidemos que las cuatro bancadas votaron a favor de la ley antes que se haga evidente el rechazo de una porción de los jóvenes. Pero poco parece importar la coherencia ideológica de nuestros partidos políticos cuando se tiene un proceso electoral en frente. Tan solo dos semanas después de aprobada la ley en el Congreso, con 68 votos, ahora se encuentra en peligro de extinción.
La ley, como argumenta la oposición, no es un incentivo suficiente para que una empresa informal termine por formalizarse puesto que siguen vigentes otros costos elevados. No obstante, es un paso claro en esta dirección. Y sí es un incentivo suficiente, más bien, para aquellas empresas formales que contratan informalmente o por honorarios. De esta manera, se ayuda al 91% de jóvenes que están fuera del sistema sin desproteger al 9% formal, pues el nuevo régimen solo aplica para aquellos que no formen parte del régimen general. Para garantizar ello, sin embargo, se debe fortalecer a la Sunafil.
