En estos momentos Cataluña se encuentra en una situación de incertidumbre política motivada por las actuaciones separatistas promovidas por su Gobierno (la Generalitat). El panorama parece complicado porque, por un lado, existe un movimiento social en pro de la independencia que es legítimo y respetable y, por otro, se están vulnerado las normas legales que han permitido a los españoles vivir en paz y prosperidad.
Este escenario abre muchas dudas sobre el presente y futuro económico de Cataluña, lo que a su vez ha derivado en una baja confianza de los empresarios e inversores, que están trasladando sus empresas hacia otras regiones de España: es el caso de los bancos Sabadell y CaixaBank, la inmobiliaria Colonial, la papelera Torraspapel, Gas Natural, Abertis, Catalana de Occidente, Cervezas San Miguel, Cola-Cao o Adeslas. Otras grandes empresas como la editorial Planeta o la farmacéutica Almirall, lo harán si se declarase la independencia. Las empresas que ya han cambiado su sede social tienen un valor de mercado equivalente al 50 del PIB catalán. Si hace un mes Cataluña contaba con 7 empresas dentro del índice IBEX 35 ahora cuenta solo con 1.
Es conocido que la actividad empresarial no se mueve por sentimentalismos nacionalistas sino por motivos económicos y sociales. Y las empresas se van porque en el hipotético caso de que se independizara, Cataluña ya no tendría el euro como divisa ni pertenecería a la Unión Europea (UE). Los Tratados Europeos y la Comisión Europea han afirmado siempre que, si un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de éste, por convertirse en otro independiente, tendrá que salir de la UE. Y de querer volver a entrar en ella, habrá de solicitar el ingreso. Se iniciaría así un proceso de adhesión que está firmemente regulado y sujeto a numerosos requisitos. Entre otros, haría falta unanimidad en el Consejo de la UE, al que pertenece España, para aceptar al nuevo miembro. En el contexto de Europa, la decisión tendría el pernicioso efecto de sentar un precedente, hasta ahora inédito, que invitaría a otras regiones como Flandes (Bélgica), Véneto (Italia), Córcega (Francia), Archipiélago de Aland (Finlandia), Silesia (Polonia), o en España, País Vasco, a seguir ese mismo camino.
¿Tiene importancia que la sede central de una empresa esté en Cataluña o en otra parte de España? Sí la tiene. Es cierto que a corto plazo el cambio de domicilio social desde Cataluña hacia otras regiones de España es un acto administrativo y no tiene que implicar necesariamente un movimiento de plantillas o deslocalización de producción. Los empresarios se asustan porque los partidos políticos que gobernarían Cataluña podrían poner en peligro la libertad económica y la seguridad jurídica. Y si los empresarios tienen miedo a la secesión los trabajadores también; más bien pronto que tarde muchos trabajadores solicitarán moverse desde Cataluña hacia la nueva sede central o buscarán otro trabajo, como ya están haciendo algunos, en otras empresas que están fuera de Cataluña.
Y al final, de forma gradual, las empresas acabarán arrastrando actividades a su nueva sede. Porque lo habitual es que sea en las sedes centrales donde se utilizan tecnologías más avanzadas, y se creen redes de empleos y servicios altamente remunerados, que además desde un punto de vista de imagen son consideradas como más deseables por nuestras sociedades.
En definitiva, esta deslocalización de empresas generará en Cataluña un colapso económico provocado por la destrucción de su tejido empresarial, la reducción de actividades de alto valor añadido y fuga de su capital humano. Además, en el caso de que se produzca la independencia las empresas que se han deslocalizado pagarán el impuesto de Sociedades al Estado Español y no a la hacienda catalana; las empresas que se han ido dejarán de tributar por los impuestos autonómicos y locales catalanes, y, en cambio, deberán pagar los impuestos correspondientes a la comunidad autonómica y ayuntamiento donde tienen ahora su nuevo domicilio fiscal.
Esto supondría menores ingresos fiscales a la vez que aumentaría el gasto público, ya que el Gobierno de Cataluña tendría que financiar la constitución del nuevo Estado (incluyendo las pensiones, nuevos funcionarios públicos, intereses de la deuda pública española que deba asumir, etc.). En definitiva, aumentaría el actual desequilibrio de las cuentas públicas de Cataluña.
Los empresarios huyen de Cataluña porque creen que el gobierno de España defiende mejor sus intereses. Para que las empresas vuelvan a Cataluña las instituciones políticas catalanas deben evitar la independencia. Una independencia que llevaría a Cataluña a un descenso generalizado de su nivel de vida para el que difícilmente habrá marcha atrás. Ojalá no se llegue a producir.
Por Rafael Pampillón Olmedo
Profesor de Economía del IE Business School
