En las últimas semanas hemos conocido algunas iniciativas para derogar la reforma del sistema de pensiones de 2013, su mecanismo de revalorización y el factor de sostenibilidad (que aplica a partir de 2019), y para aumentar las pensiones un 1.2% en 2017, con una cláusula de revisión si la inflación supera esa cifra. Sin duda es una propuesta bienintencionada a corto plazo, pero el debate no es ese. La cuestión relevante es cuáles son los costes de estas propuestas.
El primer coste es que derogar la reforma de 2013 pone nuevamente en peligro la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El sistema necesita medidas continuas que mejoren su funcionamiento, eficiencia y equidad. Pero todo ello pasa por tener garantizada su sostenibilidad financiera, que es una condición absolutamente necesaria. No se puede asegurar la suficiencia o sostenibilidad social de un sistema de reparto en el que los ingresos no son iguales a los gastos a medio y largo plazo.
La reforma de 2013 introdujo dos mecanismos. El primero fue el factor de sostenibilidad. Antes de la reforma de 2011 por cada euro de cotización se otorgaban 1,44 euros de pensión, ambas cantidades en valor presente. Durante los años previos a la crisis, este desequilibrio se pudo financiar gracias a un crecimiento del empleo superior al del número de pensiones. La situación era similar a un esquema de Ponzi o juego piramidal. Cuando la reforma del 2011 esté plenamente en vigor, en 2027, las previsiones indican que el déficit se reducirá de 44 a 28 céntimos por euro cotizado. El factor de sostenibilidad de 2013 impedirá que el déficit crezca con una mayor esperanza de vida. Para eliminar ese déficit es necesario implantar cuanto antes un sistema de reparto basado en cuentas nocionales de contribución definida, con pensiones mínimas blindadas que garanticen suficiencia, equidad y solidaridad. El segundo mecanismo introducido en 2013 fue el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que modula la actualización anual en función del crecimiento de los precios, teniendo en cuenta también el crecimiento real de los ingresos, del número de pensiones y del efecto sustitución (las altas de las nuevas pensiones suelen tener un importe superior a las bajas). Adicionalmente incluye una corrección del déficit tendencial existente. Cuando estas correcciones restan al crecimiento de los precios, el IRP asegura que, como mínimo, las pensiones aumentan un 0.25%, como en 2017. El diseño del IRP es neutral sobre la suficiencia, ya que puede aplicarse aumentando ingresos del sistema o reduciendo el crecimiento del gasto. Además presenta información valiosa sobre la salud financiera del sistema. Y garantizar la sostenibilidad es la mejor garantía para asegurar a los jóvenes de hoy sus pensiones futuras.
Puesto que el IRP permite que las pensiones aumenten como la inflación si se aportan ingresos adicionales, el segundo coste es estrictamente financiero: ¿cuántos recursos deberían aportarse en 2017 y en los años siguientes para que el IRP proporcione una subida del 1,2% este año? Para ello, el IRP obliga primero a eliminar el déficit tendencial existente (unos 11 mil millones) y, segundo, a tener en cuenta que un aumento del 1,2% en 2017 se consolida en el gasto de los años siguientes. En otras palabras, se trata de aplicar el IRP calculando los ingresos necesarios en 2017 y en los cinco años siguientes para que las pensiones suban un 1,2% este año, sin el atajo de mantener o ampliar el déficit existente. Los cálculos con las previsiones actuales hasta 2022 indican que solo en 2017 necesitaríamos aportar de entrada 13 mil millones y algo más de 14 mil millones al año de media hasta 2022. Esta cantidad anual supone aproximadamente una décima parte de los ingresos de la Seguridad Social o de lo recaudado con impuestos indirectos, y un 12% de la recaudación mediante impuestos directos. Aumentar los impuestos es una opción política legítima, pero la opinión pública debe conocer su coste: no es una medida gratuita. Y ex-post la subida sería superior por los efectos negativos de la mayor presión fiscal sobre la actividad. Una opción más asequible es acotar a la pensión mínima su aumento con la inflación subyacente e incluso con el crecimiento de la productividad media.
En definitiva, el debate es cómo repartir de forma equitativa, eficiente y transparente los ajustes entre generaciones y dentro de cada una de ellas, manteniendo equilibrado el sistema con medidas que impulsen el empleo y la productividad. Y si los ajustes requieren además algún aumento de presión fiscal, no puede ocultarse su coste, que recaerá principalmente sobre los trabajadores presentes y futuros. Sobre los jóvenes de hoy, que pagarán más por menos: sus pensiones tendrán mayor poder adquisitivo pero serán menos generosas que las actuales, en relación al salario medio vigente en cada momento.
Por Rafael Doménech
BBVA Research
