Según el informe denominado “Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao: entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, se reveló que gobiernos regionales, como Loreto y Ucayali, incumplen normativa forestal y dan constancias de posesión de terrenos que posteriormente se venden a empresas.