Miguel Cardoso
Economista jefe para España de BBVA Research
Cualquier estudiante de primer curso de economía aprende que los monopolios generan costes a la sociedad, reduciendo la cantidad producida (y por lo tanto, el empleo) respecto a los mercados competitivos. Más aún, aparte de este efecto directo sobre la actividad y la ocupación también hay otros impactos indirectos.
Por ejemplo, si el bien en cuestión es un insumo en la producción de otros, el poder monopólico limita también la creación de puestos de trabajo en el resto de sectores.
Por otro lado, la falta de competencia y la generación de rentas limitan la inversión y el crecimiento de la productividad, suponiendo una barrera para el desarrollo. Evitando entrar en casos especiales, la conclusión general es que las AA.PP. deberían tratar de generar la máxima competencia en sectores que pueden generar cuellos de botella impidiendo crear empleo.
Un ejemplo de lo anterior es el sector servicios, que representando el 35% de los consumos intermedios en la economía, podría suponer una fuente de generación de ganancias de competitividad.
Sin embargo, en el período anterior a la crisis, mientras que los márgenes en el sector de bienes comerciables crecían al mismo ritmo que en el resto de Europa, los de los bienes no comerciables lo hacían en una proporción mucho mayor, explicando casi el 50% de la mayor inflación doméstica respecto a la media europea.
Más aún, el crecimiento de la productividad fue nulo en dicho sector, impulsando aún más las diferencias en la evolución de precios.
Estos datos tan negativos, esconden el impacto que tuvo el sector de la construcción residencial y los servicios asociados a este. De hecho, existe evidencia que parece indicar que las cosas no fueron tan mal en el período pre crisis.
Por el contrario, en un trabajo reciente BBVA Research muestra que de no haberse producido el importante esfuerzo de desregulación en servicios que realizó España a partir de 1992 hoy en día las exportaciones de grandes empresas en el sector manufacturero serían un 50% inferiores.
El lector atento habrá notado que he excluido de la conclusión a las pequeñas y medianas empresas, para las que no encontramos impacto ni positivo, ni negativo de la desregulación.
Esto podría estar indicando que aunque la desregulación ha reducido el poder monopólico de las empresas en el sector servicios, lo ha disminuido lo suficiente para que las grandes empresas, con un mayor poder de negociación, se vean beneficiadas, pero no para que las PYMES tomen ventaja de ello.
Hacia delante, crear empleo debería ser el principal objetivo de las políticas públicas. Disminuir el poder monopólico de las empresas que lo tengan aumenta la actividad y tiene un coste monetario relativamente reducido (principalmente asociado a una buena regulación y supervisión), lo que es especialmente importante en estos momentos en que se debe continuar disminuyendo el déficit público.
Sin embargo, el gran coste que enfrenta un Gobierno al fomentar la competencia es político ya que tiene que luchar contra colectivos que se benefician de extraer rentas de la sociedad, que no están dispuestos a compartirlas con el resto y que están bien organizados. Cada semana, la prensa nos da varios ejemplos al respecto.
Nuestras estimaciones apuntan a que de adoptarse las mejores prácticas en regulación y competencia en el sector servicios (imitando, por ejemplo, al país líder en estas cuestiones), las exportaciones en el sector manufacturero se incrementarían un 20% más.
Estos beneficios son apenas la punta del iceberg, si se toma en cuenta las externalidades positivas que se obtendrían en productividad, inflación y creación de empleo, sobre todo en un sector intensivo en el uso de mano de obra como lo es el de servicios.
La buena noticia, es que el Gobierno prepara ahora mismo una nueva reforma del sector (en particular de los servicios profesionales), que unida a leyes como la de unidad de mercado o a los esfuerzos que se han realizado para disminuir los costes de entrada y operación de las empresas deberían fomentar un entorno más competitivo. Dicha reforma debe ser ambiciosa y debería también llevar a replantear la competencia en otros ámbitos.
El Gobierno tiene la representación de la sociedad civil y debe velar por sus intereses, venciendo a los grupos organizados y teniendo en cuenta los beneficios de medio y largo plazo que políticas dedicadas a fomentar una mayor competencia traerían.
