Samuel B. Abad Yupanqui
Socio del Estudio Echecopar
Cuando uno tiene un problema de salud acude a un médico especializado. Si necesita asesoría para una inversión solicitará apoyo de un experto. ¿Por qué cuando se acude al Poder Judicial (PJ) ello no ocurre? Lo que está sucediendo con los jueces que resuelven casos constitucionales -un amparo, por ejemplo- es grave.
Los pocos jueces especializados que existían vienen siendo desactivados. Si hay especialidad comercial, tributaria, laboral, entre otras, ¿por qué cuando se defienden derechos constitucionales la especialidad desaparece? Un juez experto puede defendernos mejor y enfrentarse con sólidos argumentos al poder.
El 2004 entró en vigencia un Código que regulaba todos los procesos de defensa de la Constitución y los derechos fundamentales (propiedad, libre empresa, contratación, entre otros). Apostó por contar con jueces especializados para brindar una adecuada justicia a las personas.
El “amparo” es el proceso más utilizado y la mayor carga recae en el PJ. No en el Tribunal Constitucional (TC). A él sólo se acude si el afectado pierde en el PJ. Sin embargo, recién el 2009 se introdujo la especialidad en Lima con diez juzgados constitucionales. También se crearon juzgados en Ayacucho, Cusco y una Sala en Chiclayo. El año pasado comenzó la desactivación.
El Consejo Ejecutivo del PJ eliminó dos juzgados de Lima (hoy son ocho) y desactivó toda la justicia especializada en el interior. No encontramos justificación. En Lima tienen una carga mayor que los demás juzgados y deben resolver casos difíciles.
¿Qué hacer? El Consejo Ejecutivo del PJ debería revertir esta situación y potenciar los juzgados constitucionales. Los derechos constitucionales son tan importantes que merecen un trato especializado.
¿La justicia comercial y tributaria es más relevante que la tutela de los derechos fundamentales? Hoy la justicia constitucional se ha convertido en la “cenicienta judicial”. Tiene una carga procesal explosiva. El nuevo Presidente de la Corte Suprema debe intervenir.
