Abogada despedida clama contra discriminación política en Venezuela

La abogada narró ante los jueces de la CIDH las circunstancias que llevaron a su despido, el 12 de marzo del 2004, de su cargo como asesora legal del Consejo Nacional de Fronteras, que ocupó por siete años.

(Foto: Reuters).
(Foto: Reuters).

AFP.- La abogada venezolana Rocío San Miguel, despedida de un cargo público tras firmar un pedido de referendo revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez, clamó por el fin de la discriminación política en su país en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Soy abogado y quiero volver a creer en la justicia, quiero que se sepa la verdad de lo que ocurrió en Venezuela, (porque) lo que ocurrió con nosotros y miles de venezolanos continúa ocurriendo”, declaró ante el tribunal con sede en Costa Rica.

En un emotivo testimonio, San Miguel pidió “que haya mecanismos legales que penalicen esa discriminación que está destruyendo el alma del país. La discriminación política tiene que cesar, nos está llevando a una guerra a los venezolanos, de uno contra otro”.

La abogada narró ante los jueces de la CIDH las circunstancias que llevaron a su despido, el 12 de marzo del 2004, de su cargo como asesora legal del Consejo Nacional de Fronteras, que ocupó por siete años.

“Sufrí discriminación política desde el momento que firmé el pedido de referendo revocatorio en Venezuela, firmamos a pesar de las advertencias públicas que hacía el presidente de que quienes firmaran contra Chávez, allí quedarían sus huellas y su rostro para siempre”, declaró.

Ella y otras dos colegas que firmaron el pedido fueron despedidas sin explicación, aunque el Estado venezolano alegó su derecho discrecional de disponer de los cargos de sus empleados.

San Miguel contó que también perdió su puesto como profesora de derechos humanos en la Escuela Naval y su entonces esposo perdió su trabajo como servidor público.

Fuera de su trabajo, sufrió amenazas a su vida y asaltos a su vivienda que atribuye a su denuncia contra el Estado.

“Los atentados también son morales, pueden buscar en internet todos los ataques a mi dignidad. Mis cuentas de correo electrónico han sido hackeadas, han amenazado de muerte a mi familia”, reclamó.

José Miguel Vivanco, director la división de las Américas de Human Rights Watch, consideró que este caso “pone a prueba principios que están en jaque en Venezuela”.

Señaló en un artículo de opinión que decenas de personas fueron despedidas del organismo de tributos y aduanas por firmar un referendo revocatorio contra el actual presidente Nicolás Maduro, mientras un programa que distribuye alimentos de primera necesidad “también habría discriminado a los críticos”.

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