Alberto Fujimori: Estos son los fundamentos de la justicia chilena para ampliar extradición

La decisión fue tomada por el ministro de la Corte Suprema de Chile, Ricardo Blanco. ¿En qué se basó la decisión de la justicia chilena? Lea aquí los fundamentos descritos en la resolución judicial.

La justicia chilena accedió, esta mañana, a ampliar el proceso de extradición contra el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, solicitado por la justicia peruana, lo que permitirá que los tribunales lo investiguen por el homicidio de seis personas en 1992.

En el pedido de la justicia peruana también se le acusa a Fujimori Fujimori de presuntamente autorizar el uso de US$ 800,000 de fondos públicos para que su amigo Augusto Miyagusuku compre terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimichic en La Libertad.

La decisión fue tomada por el ministro de la Corte Suprema de Chile, Ricardo Blanco. ¿En qué se basó la decisión de la justicia chilena?

De acuerdo al escrito judicial existen indicios contra el exgobernante – respecto a usos públicos para la adquisición de tierras agrícolas – pues “ha quedado preliminarmente justificado, que el requerido (Alberto Fujimori) hizo uso ilegal de fondos estatales que iban a ser destinados al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que con ello adquirió un predio rústico por la suma de US$ 1 millón mediante una maquinación fraudulenta para perjudicar al Estado peruano”.

El documento judicial señala que Alberto Fujimori se valió de terceras personas, que montaron una operación para desviar esos dineros “para el fin ilegal perseguido, y cuando se descubrieron las maniobras ilícitas, el predio se enajenó (transfirió) a un valor vil, ya que su venta se concretó por US$ 200,000”.

“En esta etapa de investigación, se comprobó de manera preliminar que en la ejecución del delito el expresidente dio directamente las órdenes a personas de su exclusiva confianza para realizar los actos de defraudación al Estado y de encubrimiento, los que generaron un perjuicio económico para el Estado y de encubrimiento de los mismos”, se lee.

En cuanto a la masacre en Pativilca, la justicia chilena fundamentó su decisión ante el cúmulo de antecedentes probatorios que el exgobernante desde su puesto de Jefe Supremo de la nación, llevó a cabo con prolijidad un plan, ajeno a la función pública y valiéndose del poder que ostentaba, planificó, creó, diseño, organizó, dirigió, controló y lideró, una organización de estructura jerarquizada.

“Cuyo objetivo era hacer frente a la subversión y al terrorismo que se ejercía por algunos grupos al interior de Perú, sin embargo, su actividad no solo se limitó a una tarea de inteligencia, sino que con la excusa de controlar a grupos marginales, se extendió al embate contra las personas opositoras a su régimen”, se lee.

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