Alemania aprobó una ley sobre seguridad, muy criticada, que permitirá a las autoridades espiar el contenido de mensajes cifrados enviados por WhatsApp y Skype, en un número de casos mucho mayor que el actual.

Mientras que una oleada de atentados yihadistas sacude a Europa, los diputados votaron un texto sobre “el refuerzo de la eficacia de los procedimientos penales”.

Los investigadores alemanes podrán introducir en los celulares y computadoras de los usuarios programas espías (o “troyanos”) para poder acceder a los datos de mensajerías encriptadas, como las muy populares aplicaciones WhatsApp y Skype, también en el marco de procedimientos penales.

Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional alemán solo autorizaba estas herramientas en el marco de la lucha antiterrorista.

La votación resulta significativa en un país que suele ser paladín en la protección de datos privados, a causa de la huella que dejaron el régimen nazi y el comunista de la RDA de después de la Segunda Guerra Mundial.

El ministro de Interior, Thomas de Maizière, se congratuló por la aprobación de la ley que, según él, corrige un “retraso” tecnológico del Estado sobre delincuentes y criminales que utilizan mucho, como el resto de la población, estos programas.

“No es posible que el éxito de un proceso o de la aplicación de una ley dependan del medio de comunicación utilizado por una persona, de si ésta utiliza Whatsapp o si envía SMS”, declaró De Mazière al diario Handelsblatt.

Los partidos de la oposición (la izquierda radical y los verdes) denunciaron una herramienta de vigilancia de una talla inédita para el país y votaron en contra.

Este debate está en boga en todos los países afectados por los atentados. Francia y Reino Unido reclamaron el 14 de junio que se instaure un sistema de requisiciones legales para los servicios cifrados con el objetivo de reforzar la lucha antiterrorista.
WhatsApp, propiedad de Facebook, y Skype, utilizan el cifrado de datos para garantizarle a sus usuarios la confidencialidad de sus intercambios, y rechazan someterse a las leyes que, en algunos países, obligan a los operadores tradicionales de telecomunicaciones (proveedores de internet, operadores de telefonía móvil y fija) a compartir sus datos con el gobierno si este así lo requiere.