Ayer el pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 142 el cual busca que los institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de postgrado públicas y privadas no puedan impedir la asistencia y evaluación de los alumnos que cuentan con deudas durante el ciclo lectivo que cursen.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Víctor Raúl Aguilar, se mostró en contra pues considera que la nueva Ley “atentaría contra el financiamiento del sector educativo privado”, lo que conllevaría a que su funcionamiento sea suspendido.

“Esto conllevaría a suspender el funcionamiento de la universidad por desfinanciamiento, lo que además atentaría contra los intereses de los estudiantes que sí pagan sus pensiones”, manifestó Aguilar.

Asimismo, señaló que la nueva norma vulneraría el artículo 18 de la Constitución Política del Estado la cual establece que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.