(Bloomberg) Desde que se hundió durante una batalla frente a la costa de Colombia en 1708, el galeón español San José ha generado reclamos conflictivos. Para España, el barco de 64 cañones pertenece solo a la madre patria.

Cazadores de tesoros, esgrimiendo el derecho a apropiarse de lo encontrado, exigieron una parte del fabuloso botín, que podría llegar a US$ 17,000 millones en oro, plata y piedras preciosas.

Pero no les diga eso a los colombianos. Ellos saben que el San José y sus renombradas riquezas siempre estuvieron destinadas a Fermina Daza, la heroína de la novela de Gabriel García Márquez “El amor en los tiempos del cólera”, cuyo febril pretendiente juró sumergirse hasta el fondo del Caribe para que ella pudiera “bañarse en una lluvia de oro”.

Tres siglos después, la batalla por el San José –el santo grial de los naufragios– se libra en un tribunal, en medios diplomáticos y en el escenario político. El resultado podría recrear las reglas sobre quién tiene derecho al brumoso pasado o, al menos, probar hasta qué punto los que litigan por la historia están dispuestos a sumergirse para alcanzar su premio.

En ese campo, Colombia podría correr con ventaja. El 12 de junio, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el inminente lanzamiento de una sociedad público-privada para rescatar el San José. Santos ha prometido convertir los restos del naufragio en un museo nacional, argumentando que el patrimonio cultural sumergido que se encuentra en aguas nacionales pertenece legalmente a Colombia. La ONU lo respalda: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar da “derechos preferenciales” sobre los objetos arqueológicos o históricos sumergidos al país de origen, por encima de la bandera del buque.

Sin embargo, para concretar su plan, Santos debe desechar una petición del gobierno español, que a menudo va tras su flota perdida de manera agresiva, y otra de la compañía estadounidense de recuperaciones Sea Search Armada, que informó haber descubierto el barco en 1982 en el marco de un acuerdo anterior con el gobierno de Colombia.

Todas las partes pueden citar disposiciones legales a su favor. El San José llevaba bandera española y la mayor parte de su tripulación también lo era. Tradicionalmente, eso le ha bastado a España para obtener la titularidad de los naufragios y su contenido.

De manera similar, la compañía privada de exploraciones tiene también fuertes argumentos. Originalmente respaldada por inversores célebres como el ya fallecido actor Michael Landon y el conspirador de Watergate John Ehrlichman, Sea Search Armada obtuvo derechos exclusivos de búsqueda y una participación de 50 por ciento en cualquier botín recuperado que no se considerara un objeto cultural. Colombia derogó ese acuerdo en 1984, desencadenando una pelea que llegó a la Suprema Corte y aún no está resuelta. En 2015, el gobierno de Santos rechazó a España reafirmando la propiedad única del San José; también intentó anular las demandas privadas anunciando que había encontrado el naufragio en un lugar diferente del informado por Sea Search.

Más allá de estos enfrentamientos hay un cambio de sensibilidad política respecto del derecho a reclamar la herencia mundial. Consideremos el legendario tesoro del Cisne Negro. Una carga de oro y plata valuada en US$500 millones que se hundió a bordo de un barco español frente a la costa de Portugal en 1804. En 2012, una corte de Estados Unidos concedió el tesoro del buque a España, tras una costosa batalla con un carroñero privado –aunque el metal precioso había sido extraído en Perú por trabajadores andinos–. “La percepción es muy diferente en América Latina”, dijo Antonio José Rengifo, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Colombia, refiriéndose al San José. “Si consideramos la historia de pillaje y saqueo, España no tiene una base legítima para su reclamo”.

Hasta con argumentos estrictamente legales, los jueces actuales podrían pisar un terreno resbaladizo. España pudo haber dominado los mares, pero al menos la mitad de lo que su flota cargaba a través de los océanos pertenecía a otras potencias mundiales, según el historiador Henry Kamen, un académico español. “El cónsul francés en Sevilla informó en 1690, cuando zarpó el San José, que 90 por ciento de la carga a bordo de la flota española pertenecía a Holanda, Francia o Inglaterra”, me dijo Kamen.

La carrera al fondo del mar está lejos de haber terminado, pero el resultado es seguido de cerca. La ONU calcula que unos 3 millones de buques que naufragaron están diseminados por el fondo marino. (El San José es uno de una cantidad estimada en 1.000 galeones y barcos mercantes que se hundieron frente a la costa de Colombia a lo largo de tres siglos de régimen colonial). Algunos son atracciones turísticas y otros han sido declarados cementerios sumergidos y, por lo tanto, no pueden saquearse, pero solo una pequeña fracción de este patrimonio sumergido ha sido explorada.

En última instancia, preocupaciones más prácticas podrían decidir el destino de los naufragios históricos. Rescatarlos es una tarea abrumadora, costosa en cualquier circunstancia. Agreguemos la carga de los litigios, una apuesta arriesgada que puede prolongarse durante años, y los costos pueden volverse prohibitivos.

García Márquez quizá haya pasado por alto esas batallas legales, pero captó su significado más amplio: describió el naufragio como habitado por un pulpo de trescientos años de edad que había crecido tanto que “uno tendría que destruir el barco para liberarlo”.

Santos y sus rivales deberían tomar nota. Colombia puede tener el mejor argumento para adueñarse del San José, pero el país haría bien en comprometer a todos los pretendientes interesados para rescatar este legendario premio que languideció tres siglos y causó décadas de disputas sin que hasta ahora haya podido rescatarse.

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