Sao Paulo (Reuters).- Una reacción negativa en Brasil a los acuerdos de delación premiada e indulgencia con la familia que controla al procesador de carne JBS ha puesto a los fiscales a discutir reglas más claras para que los futuros acuerdos garanticen un trato igualitario, dijeron tres personas que conocen el asunto.

Las conversaciones sobre un “conjunto básico de patrones y parámetros” para negociar multas están en una etapa muy inicial, afirmaron dos de las fuentes. Los fiscales federales que trabajan en la agencia que valida acuerdos de indulgencia encabezan las conversaciones, agregaron.

Un marco de acción podría acelerar la aprobación de los acuerdos que permiten que las empresas eviten una prohibición de hacer negocios con el Gobierno de Brasil, y usualmente suceden a los acuerdos de delación en el que las compañías admiten su culpabilidad.

Una condición clave es que las nuevas reglas no reduzcan la independencia del fiscal para negociar el mejor acuerdo posible, añadieron.

Como se están negociando más posibles acuerdos de delación premiada en el marco de la “Operación Lavado de Auto”, la mayor investigación por corrupción en Brasil, al público le preocupa que la falta de reglas claras pueda poner en riesgo una justicia igualitaria para todos.

El acuerdo de delación premiada de la familia Batista por 10,300 millones de reales (US$ 3,100 millones) provocó ira en Brasil por lo que muchos consideran castigos poco estrictos y una falta de transparencia.

Muchos brasileños cuestionaron el acuerdo alcanzado por el fiscal general Rodrigo Janot, en que se decidió no enviar a prisión a los hermanos Joesley y Wesley Batista incluso después de que ambos admitieron haber sobornado a casi 2,000 políticos.

“La implementación de un marco predefinido para entrar en negociaciones de indulgencia ayudarían a mejorar la transparencia”, afirmó una de las fuentes. “También podría ayudar a validar acuerdos previos, que podrían ser usados como referencia”, agregó.

El despacho de Janot declinó a comentar, al igual que el fiscal federal público de Brasil, que es el que aprueba las multas. Una empresa de relaciones públicas que representa a los Batista y su conglomerado de empresas J&F Investimentos no quiso formular comentarios.

Aunque los fiscales dijeron que la multa para los Batistas y J&F es un récord mundial, abogados cuestionaron porque los términos del acuerdo difiere tanto de otros acuerdos de indulgencia.

Los fiscales dieron a la familia 25 años para pagar la multa y la vincularon con el índice de precios minoristas de Brasil, reduciendo tremendamente el valor neto presente. De acuerdo a cálculos de Thomson Reuters, el valor neto presente de la multa es 5,450 millones de reales, alrededor de un 47% menos que su valor nominal.

En cambio, la multa de 3,900 millones de reales que el grupo de ingeniería Odebrecht SA acordó pagar en 22 años será ajustada por la tasa de interés referencial Selic, que supera por mucho a la inflación anual.

Un fiscal estatal está investigando si la multa aplicada a Batista-J&F daña los intereses de los contribuyentes. Otros fiscales que investigan los acuerdos de la familia con bancos estatales se han quejado de que la multa es demasiado baja, dijo una de las fuentes.