Quito (AFP).- La mayoría oficialista del Congreso de Ecuador planteó el lunes al Ejecutivo la expulsión “definitiva e inmediata” de Odebrecht por la corrupción propiciada por la empresa brasileña en el país, en la que están involucrados funcionarios que gozan de fuero.

“Exigimos la expulsión definitiva e inmediata del país de ésta empresa corrupta y corruptora, de sus directivos y de sus representantes”, dijo a la prensa el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista José Serrano.

Los bloques de Alianza País (AP, en el gobierno) y sus aliados, que controlan el Legislativo con 74 de los 137 curules, expresaron su “condena pública al accionar de la empresa brasileña Odebrecht y a sus prácticas ilícitas transnacionales de entrega de sobornos alrededor del mundo”.

El expresidente Rafael Correa (de AP) expulsó a la firma en 2008 al ser acusada de incumplimientos en la construcción de una hidroeléctrica. Odebrecht volvió a Ecuador en el 2010, y en abril pasado quedó fuera de un consorcio para edificar una parte del metro de Quito, adjudicado en 2015 por 1.538 millones de dólares, en medio de la trama de sobornos.

La mayoría parlamentaria reaccionó luego de la detención de seis personas más el pasado viernes -con lo que suman ocho- por la entrega de millonarios sobornos de la gigante constructora en el país, en un caso en el que otros imputados tienen fuero de corte, según la Fiscalía.

Un tío del reelegido vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está bajo arresto domiciliario (por tener más de 65 años) relacionado con este caso de corrupción, en el que también ha sido involucrado el contralor general del Estado, Carlos Pólit, quien está fuera del país y que por su cargo goza de fuero

Serrano dijo que la mayoría legislativa también resolvió llamar a juicio político a Pólit, una figura legal que la Asamblea no aplica desde hace más de una década.

Para proceder a su censura y destitución, la Constitución establece que es necesario el voto de la mayoría absoluta del Congreso.

El Parlamento también promoverá reformas para prevenir y sancionar actos de corrupción como establecer la “muerte civil” para los funcionarios que incurran en esos hechos, señaló Serrano.

La Fiscalía indaga sobre la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado de que Odebrecht pagó a funcionarios ecuatorianos US$ 33.5 millones entre el 2007 y 2016.