Orientar a la opinión pública sobre lo que viene sucediendo en casos como los del proyecto Cañariaco, de Candente Copper, o Pucamarca, de Minsur, se vuelve una tarea complicada ya que en el Perú se llevan dos conteos con metodologías diferentes para identificar conflictos sociales: el de la Oficina Nacional de Diálogo (ONDS) y el de la Defensoría del Pueblo.

“En el Perú hemos perdido la brújula sobre cuántos son y en qué etapa están. La Defensoría habla de latentes y activos. Los latentes eran 60 y activos 160. Ahora, la Oficina de Diálogo habla de solo 160. Ningún país puede orientar a su opinión pública con dos sistemas de medición tan diferentes”, advirtió Juan Arroyo, director de Sostenibilidad y RSE de Centrum Católica.

Asimismo, el sociólogo —también cofundador del Midis— considera que Cañariaco, Pucamarca y otros conflictos que vendrán requieren no solo un trabajo a nivel local, sino también a nivel nacional, donde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía “reposicione” la imagen del sector.

“Se requiere también un trabajo nacional de la Sociedad de Minería en relación a la imagen de la minería. Esta se ha convertido en un cuco para la Sierra y la Selva, que algunos utilizan para movilizar a la gente, pensando que toda minería es necesariamente contaminante. No es así, pero hay tantos malos ejemplos”, agregó.

PCM versus Defensoría
La ONDS, de la Presidencia de Consejos de Ministros, publicó en diciembre el informe ‘Willaqniki’, sobre la situación de conflictividad a nivel nacional. En su metodología, se identifica cuatro tipologías relacionadas al nivel de involucramiento del Ejecutivo, otras entidades públicas y la afectación de derechos.

El resultado fue 66 conflictos en proceso de diálogo, de los cuales un 68.2% está en etapa de seguimiento —puesto que el diálogo se está desarrollando—, mientras que los otros 21 casos están en “tratamiento” (se establece mecanismos para propiciar conversaciones).

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en su reporte N° 106 de diciembre del 2012, da cuenta de 164 conflictos activos y 63 latentes. Al revisarlo en detalle, existen diez tipologías para clasificar los conflictos, que incluyen etiquetas para controversias “Comunales”, “Electorales” y “Otros asuntos”.

RSE se desperdicia
Pero el conteo de las controversias no es lo único que debería preocuparle al sector minero. Arroyo señaló que “el trabajo de RSE de las minas es bueno en cantidad de dinero pero no necesariamente en calidad. No puede ser que minas tan importantes como las de Cajamarca inviertan US$94 millones y obtengan un resultado negativo. Algo está pasando ahí”.

Por ello, el especialista recomendó que el Estado “promueva y encauce” este tipo de actividades. “Cuando nosotros diseñamos el Midis, pusimos una Dirección General de Responsabilidad Social. Hoy no la hay. En el Mintra hay una pequeña dirección encargada que no tiene personal suficiente. Se comete muchos errores y es plata privada que no está teniendo los efectos”, finalizó.