(Reuters) La comisión designada por el gobierno dominicano para investigar la licitación de una costosa obra a la empresa brasileña Odebrecht determinó que no hubo ilegalidad en la adjudicación pero recomendó investigar si legisladores recibieron sobornos para aprobar su financiamiento.
El sacerdote Agripino Núñez, quien preside la comisión, dijo a periodistas que corresponde al ministerio público continuar la investigación sobre los posibles sobornos.
La comisión entregó al procurador general y al presidente Danilo Medina el informe de su evaluación en la que no encontró irregularidades en la licitación de la termoeléctrica de Punta Catalina.
Con una inversión de más de US$ 2,000 millones, la termoeléctrica genera 720 megavatios de energía con base en carbón y representa la obra insignia del gobierno de Medina.
Diversos grupos de la sociedad civil y ambientalistas cuestionaron la obra desde que fue licitada en 2013 por considerar que había sido adjudicada a Odebrecht pese a que la compañía había hecho una oferta de US$ 500 millones por encima del tope fijado por el Congreso.
El informe “corrobora lo que dijo siempre el gobierno: que el proceso de licitación de la planta se realizó de acuerdo a lo estipulado en la ley”, dijo en conferencia prensa el consultor jurídico de la presidencia, Flavio Darío Espinal, tras recibir el documento.
Según la investigación, el costo de la construcción es incluso 6% menor a obras similares en otros países, destacó Espinal.
El presidente Medina creó la comisión investigadora en enero luego de que el Departamento de Justicia estadounidense reveló que ejecutivos de Odebrecht habían confesado que pagaron sobornos para conseguir contratos con los gobiernos de 12 países de América Latina y África.
En República Dominicana, donde Odebrecht ha conseguido 17 contratos por más de US$ 5,000 millonarios con el gobierno desde 2001, la empresa admitió haber pagado US$ 92 millones en sobornos.
El procurador general Jean Alain Rodríguez llegó a un acuerdo con Odebrecht mediante el cual la compañía pagará una multa de US$ 182 millones, sus ejecutivos no serán procesados y podrá continuar sus operaciones en el país a cambio de información que permita llevar a los tribunales a los funcionarios que se beneficiaron de los pagos ilegales.
Como parte de la información suministrada por la empresa el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, y otras siete personas permanecen en prisión preventiva desde fines de mayo como presuntos beneficiarios de los sobornos. Otros dos exfuncionarios están en detención domiciliaria y tres legisladores también fueron señalados pero gozan de inmunidad parlamentaria.
En el caso de la termoeléctrica de Punta Catalina, la comisión investigadora “en ningún momento pudo determinar o comprobar que hubo sobornos para la adjudicación” de la obra, insistió Espinal.
La comisión investigadora detalló que, según la propia información de Odebrecht, algunos legisladores recibieron dinero para aprobar los préstamos internacionales con los cuales sería financiada la termoeléctrica.
Estaba previsto que la planta termoeléctrica comenzara sus operaciones en 2016 pero debido a la investigación contra Odebrecht el flujo de créditos internacionales se detuvo y la obra aún está inconclusa.
