¿Está dispuesto el congresista Joaquín Ramírez a levantarse la inmunidad parlamentaria? En conferencia de prensa señaló, esta noche, que si el Poder Judicial lo determina, “se somete inmediatamente”, pero ¿qué está pasando realmente en este caso?

En setiembre de 2014, la entonces procuradora Julia Príncipe denunció de oficio ante el Ministerio Público al parlamentario y otras 19 empresas vinculadas a él ante indicios razonables de presunto ‘blanqueo” de dinero de procedencia ilícita.

Príncipe basó su solicitud en una serie de operaciones inusuales como por ejemplo, aumento de capital, adquisición de inmuebles, empresas inmobiliarias, grifos, clubes deportivos entre otros.

En aquella oportunidad la representante del Ministerio de Justicia dijo que “hemos presentado esta solicitud (a la fiscalía) para que se esclarezca una serie de indicios de actos económicos inusuales, de los que hemos sido alertados por diversos ciudadanos”. Esta solicitud fue acogida por el fiscal de la Nación y derivada a la fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

En diciembre de dicho año, el fiscal provincial Marco Antonio Cárdenas dispuso iniciar la investigación preliminar contra el parlamentario. Son motivo del escrutinio fiscal – de acuerdo a la resolución judicial – 7 inmuebles y 29 vehículos inscritos a nombre de la compañía Capricornio Import; 25 inmuebles y 5 unidades móviles resgistradas como propiedad de la empresa Lima Ingeniería y Construcción y 6 inmuebles, inscritos a título de la firma Promotora Inmobiliaria Primavera. Estas compañías son propiedad del congresista y financista de Fuerza Popular.

Posteriormente y tras la abrupta salida del fiscal Cárdenas del Ministerio Público, el caso fue asumido por la titular de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, Rossana Villar Ramírez quien inició el trámite de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista por el presunto delito de lavado de activos.

La resolución fue remitida el 19 de octubre de 2015, en ella la magistrada sostiene que se habrían encontrado indicios razonables de que el parlamentario estaría incurriendo en ese delito y que, para poder investigarlo, resulta necesario se tramite el pedido de levantamiento de la prerrogativa legislativa.

Al tomar conocimiento de esta decisión, el legislador interpuso una queja contra la fiscal, la cual se encuentra en evaluación. El pedido del levantamiento está amparado en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú que añade que “no pueden ser procesados ni presos (los congresistas) sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente”.

El pedido de Villar fue derivado al despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien lo remitió posteriormente al Poder Judicial.

¿Qué paso en el Poder Judicial?

En enero de este año, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Nacional devolvió el caso del secretario general de Fuerza Popular a la Fiscalía, por considerar que la respectiva investigación no es por lavado de activos agravado vinculado a organización criminal, procesos que sí suelen conocer.

En tanto que el caso continua abierto en la Primera Fiscalía Especializada, a cargo de la fiscal Rossana Villar, y el legislador no ha accedido a someterse voluntariamente a la justicia renunciado a su inmunidad.