La atención de la opinión pública y la prensa estará centrada en el Congreso y es que desde las 09:30 horas se dará inicio a la sesión de la Comisión Permanente en la que se someterá a votación el informe multipartidario del subgrupo de trabajo que recomienda la salida del contralor general Édgar Alarcón.

En dicha cita, Alarcón tendrá la oportunidad de exponer sus descargos a las cuatro acusaciones que realiza el informe elaborado por un grupo de congresistas encabezados por Marco Arana de la bancada del Frente Amplio.

El informe final multipartidario plantea que Alarcón sea removido del cargo por “falta grave” al infringir la ley del Sistema Nacional de Control y el Código de Ética Pública.

En la citación enviada al contralor por el Oficial Mayor del Congreso, José Francisco Cevasco Piedra, se precisa que para Alarcón será una “oportunidad, en el ejercicio de su derecho de defensa, se le concederá el uso de la palabra y, si así lo requiere, a su abogado defensor para que presente sus descargos respecto al informe final del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los pedidos de remoción”.

Se le advierte que el debate y votación del referido informe final no se suspenderá por su inasistencia injustificada o de su abogado.

El informe final presenta cuatro hechos que son faltas graves para la remoción del contralor:

1. La contratación irregular y liquidación de beneficios laborales no sujetos a la ley en favor de Marcela Mejía, ex tesorera de la Contraloría y luego jefa de la Oficina de Control Interno (OCI) en la Municipalidad de La Molina.
2. Someter al auditor del ente contralor, Walter Grados para que retire la denuncia que éste planteó en su contra ante el Congreso por la compra venta de autos de lujo.
3. Omitir la presentación de la declaración de bienes y rentas.
4. Realizar operaciones comerciales con un proveedor de la propia institución.

Para Arana, basta la ocurrencia de uno de estos hechos para que Alarcón sea removido del cargo de contralor porque no tiene la solvencia ni la idoneidad moral que la ley exige para el correcto ejercicio del cargo.