El contralor Edgar Alarcón manifestó que su título de contador público sí cumplió con todos los requisitos, luego que se cuestionara uno de los requisitos (no tener tres años de experiencia laboral) cuando obtuvo ese título hace 17 años en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa-UNSA.
Ante ello, el contralor se defendió y a través de un comunicado anotó que tras el tiempo transcurrido de contar con su título profesional, “no es posible” que alguien manifieste que le faltan 6 meses de experiencia laboral y que lo habría obtenido de manera irregular. “Eso no lo voy a permitir”, dijo.
Agregó que si bien el requisito era 3 años de experiencia laboral, podía sustentar mayor periodo porque contaba con experiencia laboral antes de trabajar en la Contraloría en “varias industrias”, período tras el cual se trasladó a Lima.
Manifestó que la Oficina de Grados y Títulos de la UNSA admitió, evaluó, calificó y aprobó su expediente administrativo, para dar paso a la siguiente etapa del proceso que era sustentar su Trabajo Informe ante un Jurado que lo aprobó por unanimidad.
El Consejo Universitario se pronunciará el martes 27 de junio, luego del cual el contralor podría evaluar alguna acción legal en caso considere que se han vulnerado sus derechos.
CONFLICTO DE INTERÉS
Alarcón rechazó el pronunciamiento del decano de la Facultad de Derecho de la UNSA, Javier Lizárraga, por revelar un proyecto de informe descalificando su título profesional. Indicó que ese pronunciamiento no ha sido a nombre de la UNSA.
Indicó que a Lizárraga no le correspondía revisar su expediente administrativo, pues existe un claro conflicto de interés debido a que durante su desempeño como Consejero del Gobierno Regional de Arequipa, su labor fue auditada y tendría responsabilidades de naturaleza administrativa, penal y civil, por más de S/ 15 millones, en 6 informes de auditoría.
El contralor señaló que hay una “campaña demoledora y mediática” de la cual es “víctima” a raíz de la auditoría a la adenda del Aeropuerto de Chinchero. Señaló que se han sumado autoridades de Arequipa como la Gobernadora Regional y el Alcalde Provincial que ponen en duda el contenido de los informes de Contraloría y el profesionalismo de sus auditores.
