Mientras la Fiscalía emprende una investigación preliminar al alcalde de Lima, Luis Castañeda, por supuestas irregularidades en el manejo del proyecto Línea Amarilla, ahora la Contraloría audita la ejecución del respectivo contrato de concesión.
La acción de control permitirá calcular el costo del bypass 28 de Julio, entre otros aspectos que necesitan esclarecerse por ser de interés para la ciudadanía.
Los cuestionamientos a este proyecto se dan por un supuesto negociado entre Castañeda y la empresa brasileña OAS.
Se informó que los resultados de la anunciada auditoría se difundirán en diciembre próximo.
Hay que precisar que el proyecto Línea Amarilla fue concebido en el año 2009 bajo la gestión de Luis Castañeda. Luego, durante el mandato de Susana Villarán, se denomina Proyecto Río Verde, pero cuando ingresa otra vez Castañeda (2014) lo reemplaza en octubre del 2015 por un bypass en la avenida 28 de Julio.
Riesgos advertidos
La Contraloría subrayó que la anunciada auditoría se suma a la acción simultánea realizada en setiembre pasado, donde se advirtieron una serie de riesgos en trabajos específicos del bypass.
En ese entonces, se informó oportunamente a la Municipalidad de Lima de tales inconvenientes para que se adopten las medidas correctivas del caso.
Supervisión
La Contraloría adelantó que como parte de la auditoría se supervisarán los precios de diversas partidas y gastos generales considerados en el presupuesto, que serían elevados en comparación de obras similares, ocasionando el riesgo de no estar optimizando los recursos destinados en el fideicomiso para obras de integración urbana.
Así también, la ejecución de obras sin autorización vigente del Ministerio de Cultura, que puede propiciar mayores costos al proyecto por eventuales sanciones y gastos generales.
La auditoría también verá si se ha optimizado adecuadamente la ejecución de los fondos del fideicomiso en administración, pues de lo contrario “generaría el riesgo de no poder culminar oportunamente las obras de integración urbana, ni contar con los recursos previstos para su mantenimiento”, advierte la Contraloría.
