Serviuni habría suscrito convenios irregulares con entidades del Estado por S/ 245 millones

La Contraloría General de la República comprobó que esta firma se presentaba como una institución estatal, exonerándose así de que se le aplique la Ley de Contrataciones del Estado, suscribiendo 21 convenios.

Entre el 2012 y el 2015, la empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Serviuni SAC, a través del Consorcio UNI Serviuni SAC, habría suscrito 31 convenios irregulares con gobiernos regionales y municipalidades, entre otras, para ejecutar proyectos de inversión pública por S/ 245.4 millones, informó la Contraloría General de la República.

La comisión auditora del ente fiscalizador comprobó que el citado consorcio se presentaba como una institución estatal, órgano desconcentrado de la UNI, y por tanto exonerada de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.

Así, del total de los convenios suscritos por el consorcio, en 21 de ellos por S/ 83.2 millones, Serviuni SAC contrató de manera directa a 16 empresas por S/ 79.1 millones para la elaboración de estudios de preinversión e inversión a nivel de expedientes técnicos y ejecución de obras civiles de arquitectura e ingeniería, supervisión, asesoría especializada e implementación.

En opinión del ente fiscalizador, la empresa de la UNI, Serviuni SAC, vulneró la Ley de Contrataciones del Estado, al no convocar a un proceso de selección como estaba obligada, al ser una empresa del Estado de economía mixta, con accionariado mayoritario de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Asimismo, los convenios señalaban que los servicios por prestarse requerían capacidad técnica y operativa, de las cuales carecía el consorcio. Por tal razón este, a través de Serviuni SAC, contrataba a empresas privadas para la ejecución de los proyectos.

La citada incapacidad técnica y operativa era motivo suficiente para resolver los convenios, lo cual no ocurrió.

La Contraloría detectó que de las 16 empresas contratadas por Serviuni SAC, 7 no cumplían con los requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

Mientras que cuatro de ellas no tenían suficiente capacidad de contratación, una no estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y dos no cumplían con RNP en el rubro contratado.

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