AFP.- La Corte Suprema de Brasil mantuvo en su cargo al presidente del Senado, Renan Calheiros, acusado de corrupción, desactivando una escalada de tensión entre poderes que amenazaba los planes de ajuste fiscal del presidente Michel Temer.

Por seis votos contra tres, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que Calheiros puede mantener su cargo -contrariamente a lo ordenado la víspera por uno de sus jueces- pero lo excluyó de la línea de sucesión presidencial, por estar procesado.

Esto supone un alivio para el gobierno conservador de Temer, que cuenta con el apoyo de Calheiros para concluir la semana próxima su primera gran reforma de ajuste fiscal.

El juez Marco Aurelio Mello había ordenado el lunes suspender al legislador de 61 años de su cargo, a pedido de un partido de la oposición, que alegaba que una persona confrontada a un proceso judicial, como Calheiros, no podría mantenerse en la línea de sucesión presidencial.

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Los seis jueces vencedores concordaron con este último punto, pero defendieron, en nombre de la armonía entre los poderes, que no es necesario despojarlo del comando de la cámara alta para quitarlo de la línea sucesoria.

Con esta decisión, los magistrados “buscaron cumplir su papel institucional de atenuar (la crisis)”, al percibir que con la decisión del juez Mello, la corte “se estaba convirtiendo en la causante de la crisis, de la inestabilidad”, opinó Michael Freitas Mohallem, profesor de derecho y politólogo de la Fundación Getulio Vargas, de Río de Janeiro.

El hecho de que lo excluyan de la línea sucesoria es “simbólico” y no tendrá efectos prácticos, consideró Mohallem, ya que restan pocos días al mandato de Calheiros al frente del Senado, y las probabilidades de que deba sustituir al presidente de la República son prácticamente nulas.

Decisión ‘patriótica’
Satisfecho con el veredicto, Calheiros calificó la decisión de “patriótica”.

“La confianza en la justicia brasileña y en la separación de poderes continúa inamovible”, declaró.

Sin embargo, los jueces del STF criticaron la actitud de Calheiros, quien desoyó la decisión judicial que el lunes ordenaba su suspensión, por considerarla “monocrática” y perjudicial para la democracia.

“Una orden judicial tiene que cumplirse para que prevalezca el orden jurídico y no el voluntarismo de quien sea”, discursó la presidenta del tribunal, Carmen Lucia, que apoyó pese a todo el voto mayoritario para mantener a Calheiros en el cargo.

El presidente del Senado -que lo es también del Congreso- enfrenta un juicio por peculado, ante un presunto desvío de dinero público para pagar la pensión alimentaria de una hija nacida de una relación extramarital.

El juicio se tramita en la propia corte suprema, encargada de juzgar autoridades con foro privilegiado como ministros y legisladores.

Calheiros también es objeto de numerosas investigaciones relacionadas a la enorme red de desvíos en la estatal Petrobras. El domingo pasado, decenas de miles de personas pidieron en todo el país su salida del poder.

La medida cautelar que pedía suspenderlo mantuvo en vilo a los mercados y a la clase política en Brasilia, que enfrenta severas turbulencias, golpeada por sucesivos escándalos de corrupción.

“El gobierno tenía un fuerte interés en que Calheiros se mantuviera en el cargo, porque ha acelerado su pauta económica en el Congreso”, resaltó Mohallem.

El episodio de Calheiros llevó a su punto más álgido la guerra entre poderes que se ha instalado en Brasil en los últimos meses.

Mientras los legisladores denuncian abusos por parte del Poder Judicial -que tiene a muchos de ellos bajo la mira por corrupción-, jueces y fiscales aseguran que el Legislativo intenta cercenar su trabajo creando normas para intimidarlos.

Tras el voto del STF, Calheiros presidirá el martes próximo la segunda y última votación del Senado sobre la enmienda constitucional que prevé congelar los gastos públicos durante 20 años.