El acuerdo establece penas privativas de la libertad, pero no cárcel para quienes confiesen los delitos cometidos en medio del conflicto. Las partes, sobre la base de un acuerdo adicional firmado el 15 de diciembre del 2015, buscarán resarcir a víctimas del conflicto y esclarecer lo que sucedió con cientos de desaparecidos a través de una "comisión de la verdad".