Brasilia (AFP).- El abogado del presidente Michel Temer, Gustavo Guedes, acusó este domingo al fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, de intentar presionar al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que anule su mandato en el juicio que debe empezar el martes.
“Tenemos indicios de que habrá movimientos e iniciativas de Janot en vísperas del juicio del TSE en un intento para presionar el tribunal a condenar al presidente”, dijo Guedes al diario Folha de S.Paulo.
El TSE juzgará a partir de las 19h00 locales del martes si la elección de 2014 – en la que fue elegida la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer – tuvo financiación ilegal proveniente del megafraude a Petrobras.
El juicio, que está previsto que dure tres días pero que podría alargarse si alguno de los jueces pide ‘vista’ para revisar el caso, podría anular el mandato de Temer, que asumió el cargo hace un año tras la destitución de Rousseff.
El presidente conservador se encuentra en el epicentro de una tormenta política desde que el pasado 17 de mayo se hizo pública una grabación incluida en las declaraciones premiadas de ejecutivos del gigante cárnico JBS, donde parece dar aval al pago de un soborno.
En medio de los crecientes pedidos de renuncia y de ‘impeachment’ en su contra, el Supremo Tribunal Federal (STF) investiga a Temer luego de que el fiscal general lo acusara de corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia.
Una de las pruebas que usó Janot para sustentar su acusación fue esa grabación realizada por el dueño de JBS, Joesley Batista.
“Nos preocupa mucho que el procurador general de la República se valga de toda la estructura para intentar presionar un tribunal superior”, enfatizó Guedes.
El abogado de Temer dijo que llegaron informaciones al Palacio de Planalto de que Janot tiene más grabaciones comprometedoras en su poder y que podría hacerlas públicas este domingo o el lunes, antes del juicio en el TSE.
Guedes también manifestó sus sospechas sobre la demora en la llegada del interrogatorio por escrito que Janot autorizó que hiciera la Policía Federal a Temer, y que el presidente tendría sólo 24 horas para contestar.
El fiscal general podría dar un paso más en el caso y denunciar formalmente al presidente, lo que lo convertiría en imputado. Para que eso ocurra, sin embargo, dos tercios del Congreso deberían aceptar esa denuncia, obligándolo a apartarse del cargo.
