EFE.- La defensa del expresidente peruano Alejandro Toledo denunció por prevaricato y abuso de autoridad al juez que ordenó su detención por 18 meses, y a los que ratificaron la medida, por las compras inmobiliarias con fondos de la firma Ecoteva, creada con presuntos sobornos entregados por Odebrecht, según reveló un diario local.

El abogado de Toledo, Roberto Su, confirmó al diario Perú21 que el juez Mario Guerra y los integrantes de la Cuarta Sala Penal de Lima “no actúan con imparcialidad y violan el debido proceso”, al justificar la denuncia presentada ante la Fiscalía.

Toledo, quien vive en Estados Unidos, tiene una orden de detención por 18 meses, dictada en febrero pasado, a raíz de la denuncia por haber presuntamente recibido un soborno de US$ 20 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

Aquella orden sigue entrampada en los juzgados y fiscalías a cargo del escándalo Lava Jato debido a los procedimientos que deben completar antes de presentar el expediente de extradición a la justicia de Estados Unidos.

El expresidente peruano (2001-2006) era investigado en los últimos años por las compras de casas y oficinas hechas en Lima por casi US$ 5 millones con fondos de la empresa Ecoteva, creada por su amigo Josef Maiman y su suegra Eva Fernenbug en Costa Rica.

El propio Maiman ha confirmado a la fiscalía peruana que prestó sus cuentas a Toledo y que los fondos eran derivados a Ecoteva.

El abogado del exgobernante declaró a Perú21 que la fiscal del caso Ecoteva Rosana Villar presentó el pedido de detención preventiva con la documentación utilizada en el caso Lava Jato, lo cual consideró absurdo.

En opinión del letrado, los integrantes de la Cuarta Sala Penal de Lima, que ratificaron la orden de detención, también han perdido imparcialidad porque “hay intereses de favorecer la posición del Ministerio Público (Fiscalía)”.

Toledo ha solicitado en las últimas semanas que se descongelen sus fondos de pensiones en Perú, lo cual ha sido rechazado por la procuradora ad hoc, Janet Briones.

En Perú, las autoridades investigan la ruta de 29 millones de dólares presuntamente entregados por Odebrecht a funcionarios y autoridades entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, detenido preventivamente al igual que su esposa Nadine Heredia.