Nuevamente el contralor de la República, Edgar Alarcón, da que hablar. Esta vez no se trata de los audios con Alfredo Thorne, o de los autos que compró y vendió, siendo funcionario; o de cómo favoreció a su expareja con una indemnización.

Esta vez se trata de su formación académica. Pero no de aquella que se cuestiona por estos días, de los cursos que hizo de forma virtual. Hoy Javier Lizárraga, decano de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) de Arequipa, reveló que el título de contador del contralor de la República “no es legítimo”.

“Tenemos que señalar que de acuerdo a la ley y el reglamento, en ese entonces vigente, el señor Alarcón tenía la posibilidad de obtener su título profesional mediante un trabajo-informe. Previamente tenía que acreditar haber trabajado durante tres años en una entidad pública o privada. Pero cuando presenta su solicitud en mayor del año 2000 emitió un certificado expedido por dos funcionarios de la Contraloría en la que se expresa que entró a trabajar en el 3 de diciembre del 1997”, sostuvo Lizárraga en Canal N.

“En consecuencia, tenía que haber cumplido los tres años el 3 de diciembre del años 2000 (…) Entonces, no cumplió con los requisitos legales. Nosotros hemos presentado un informe suscrito por los decanos de las facultades de Contabilidad, Filosofía y Humanidades y Derecho”, detalla en decano de Derecho quien preside una comisión especial para investigar las irregularidades en el título profesional de contador del contralor general.

Ante estas condiciones, Lizárraga dijo que el título universitario “se ha obtenido de manera fraudulenta, incumpliendo las disposiciones expresas de la ley y en consecuencia, lamentablemente tenemos que decirlo, para nuestra casa de estudios estos es un baldón provocado por una persona inescrupulosa, al haber sorprendido a los examinadores de aquel entonces”.

Luego que reiteró que el título no es legítimo, Lizárraga reconoció que se puede recurrir a la prescripción pero que hay algo sustantivo.

“Hemos presentado las conclusiones al rector de la UNSA que debe convocar a un consejo universitario (…) Es un título fraudulento, las consecuencias son de carácter legal y normativo a cargo del Consejo Universitario”, puntualizó.