ECONOMÍA DE MERCADO. Desde hace algunos meses, el presidente de la República viene lanzando preocupantes declaraciones que, de alguna manera u otra, asignan una carga “inmoral” a la búsqueda de rentabilidad en ciertos sectores. En setiembre, por ejemplo, cuando el debate nacional giraba alrededor de la calidad de la educación superior, el mandatario declaró que hay que “combatir” las universidades cuyo principal interés es hacer negocios. A mediados de diciembre, en la inauguración de un foro sobre el sector salud, el señor Humala afirmó que su “gobierno va a defender la salud como servicio, no como negocio”. Finalmente, en las vísperas del Año Nuevo, el presidente dejó claro que, de acuerdo a su postura, “no se puede monetarizar la libertad de expresión”.

En todos los casos anteriores, el señor Humala parece partir desde el punto (bastante difundido) de que el beneficio de las empresas privadas y el beneficio de los consumidores son incompatibles. Como explicamos en nuestro editorial de ayer, este supuesto es erróneo.

Por el contrario, una economía de mercado -sistema económico que defiende el Gobierno de Humala, por cierto, y responsable del crecimiento de los últimos años- está basada en el principio de que, si los individuos tienen la libertad para escoger qué consumir, los intereses de los ofertantes estarán necesariamente alineados con los suyos. En otras palabras, para garantizar sus ventas, las empresas deberán descifrar y satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores. Siempre que exista este alineamiento, el beneficio de uno implicará el beneficio del otro.

Ahora, es cierto que los mercados no siempre funcionan como deberían. En el caso de la educación, por ejemplo, existe un problema de asimetría en la información que dificulta a los estudiantes y a sus padres conocer la verdadera calidad del producto que están consumiendo. Sin embargo, es fácil solucionar este problema brindando mayor información a los estudiantes y padres de familia acerca de los centros educativos. De esta forma, el Gobierno estaría realineando los intereses de los negocios y los de sus consumidores. Finalmente, esa es la que debería ser su tarea.