CASO ODEBRECHT. El año se ha iniciado con dos noticias importantes sobre las investigaciones en el Perú sobre el caso Lava jato y las coimas pagadas por la empresa Odebrecht para obtener licitaciones a la medida.

La primera es la instalación de la comisión Lava Jato en el Congreso de la República, queda claro que este grupo deberá hacer sus propias pesquisas pues por temas de confidencialidad la Fiscalía compartirá poca información con ella y, por el contrario, lo poco o mucho que consiga deberá comunicarlo a las autoridades. Si esta comisión decide hacer un trabajo serio podría ayudar en las investigaciones, más allá del uso político que sin duda harán de los resultados que obtengan. Sin embargo, sorprende que la presidencia de la misma haya recaído en un congresista que tiene un proceso pendiente en la Fiscalía Anticorrupción del Callao.

La segunda es el acuerdo preliminar al que ha llegado la Fiscalía con la empresa Odebrecht. Si bien una negociación con la empresa era necesaria, el Ministerio Público (MP) no ha empezado con el pie derecho. Todo buen negociador sabe que quien mayor información posee al momento de sentarse en la mesa es quien mejor puede aprovechar el proceso, y a juzgar por lo que se conoce eso no está sucediendo.

Es verdad que la investigación de la Fiscalía es reservada y es poco lo que se puede informar a la población, pero en apenas dos meses y basándose mayoritariamente en la colaboración internacional no es mucho lo que deben saber. Por otro lado, el perjuicio pecuniario de Odebrecht no es solo el monto de las coimas pagadas, sino los beneficios económicos conseguidos gracias a los contratos firmados y que en la mayoría de casos incluyen cláusulas o adendas que perjudican al país y no se sabe que ese análisis haya sido incluido por la Fiscalía.

El pago de S/ 30 millones como adelanto de las devoluciones de las ganancias ilícitas es un paso importante, pero tomando en cuenta que el MP pudo allanar y embargar inmuebles de la empresa y confiscar información el monto es muy bajo. Esperemos que cuando se firme el acuerdo final la Fiscalía informe de manera transparente cuáles han sido los beneficios otorgados a Odebrecht.

Más allá de estos cuestionamientos, se requiere mayor proactividad de la Fiscalía, sobre todo cuando la empresa ya está vendiendo sus activos en el país, un tema sobre el que se debe tomar una pronta decisión.

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