El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, sustentó la semana pasada el presupuesto institucional para el ejercicio fiscal 2016 que tiene un monto –asignado por el Ejecutivo- de S/. 55 millones 137 mil 788. Por ello, el funcionario solicitó una demanda adicional de siete millones de soles que servirán para la implementación del mecanismo de Prevencion contra la Tortura y para actualizar los ingresos del personal CAS, para que puedan percibir, como mínimo, cuatro mil soles.

Cabe indicar que, la partida presupuestal asignada por el Ejecutivo para el año 2016 representa una disminución en un millón 664 mil 212 soles a lo otorgado para el presente año, que fue del orden de los 56 millones 802 mil soles.

Para el próximo año, la Defensoría del Pueblo tiene previsto –entre otras metas- continuar trabajando en la prevención de la corrupción y transparencia, promoviendo la denuncia ciudadana, la supervisión del proceso electoral 2016, verificando el cumplimiento del principio de neutralidad, así como la prohibición del uso de los recursos públicos, la no publicidad estatal y el no uso de los programas sociales con fines proselitistas. También, se continuará contribuyendo en la prevención de conflictos sociales.

Consulta previa
La defensoría también informó que se ha previsto, seguir con la supervisión y acompañamiento de los procesos de consulta previa que se inicien en los diferentes sectores y niveles de gobierno, verificando el desarrollo de la educación intercultural bilingüe y continuará haciendo un seguimiento a la gestión del Estado, frente a la problemática de la minería informal e ilegal

“Durante el actual período se ha seguido emitiendo los reportes mensuales de conflictos sociales, que permiten coordinar y colaborar con el gobierno central, regional y local en la atención de la conflictividad social en el territorio nacional”, añade.
Asimismo impulsaron acciones en favor de la salud de madres gestantes, de la educación rural, se supervisó los procesos de consulta previa y se efectuaron campañas dirigidas en favor de la transparencia y prevención de la corrupción en la gestión pública.