El gobierno de Estados Unidos rechazó cumplir con un mandato judicial que le obliga a identificar a las personas que fueron detenidas en los aeropuertos debido al veto migratorio del presidente Donald Trump para siete países, en una de varias demandas federales a lo largo del país que atacan la orden ejecutiva.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Ann Donnelly, en Brooklyn, Nueva York, ordenó al Departamento de Justicia el 28 de enero –un día después de que el decreto de Trump entrara abruptamente en vigencia– proporcionar a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles una lista de los “individuos detenidos” mientras intentaban ingresar a Estados Unidos, después de que el decreto presidencial generara un caos en los aeropuertos del país.
Una semana y media más tarde, eso aún no ha sucedido.
“El gobierno no ha logrado identificar ni a uno solo de los individuos que se mantuvo bajo custodia debido a la norma”, dijo el martes en una declaración Katherine Haas, estudiante pasante del grupo de derechos laborales de la Facultad de Derecho de Yale, que también representa a demandantes en el caso.
La disputa en Brooklyn tiene lugar al tiempo que una sala de apelaciones en San Francisco evalúa si mantiene un requerimiento judicial contra el veto que fue emitido por un juez de Seattle en una demanda relacionada.
Cualquiera de estos casos, o juicios similares en Massachusetts, Maryland y otras ciudades, podrían acabar siendo finalmente el factor que determinará la norma en la trascendental lucha sobre el alcance de la autoridad del presidente Trump.
La lista
El Departamento de Justicia afirma en el caso de Brooklyn que no se requiere dicha lista dado que los viajeros ya no están retenidos como resultado del decreto presidencial. Los grupos demandantes argumentan que la orden se aplica a las personas que fueron retenidas y luego liberadas, y que el gobierno está objetando inútilmente por el significado de la palabra “detenido”.
“El gobierno ha decidido evitar el cumplimiento creando limitaciones sin sentido sobre la palabra ‘detenido’ en el mandato judicial”, manifestó Haas.
“Si tiene conocimiento de cualquier individuo que esté detenido ilegalmente, por favor infórmenos e indagaremos sobre lo que está sucediendo”, señaló Steven Platt, abogado del Departamento de Justicia que trabaja en el caso, en un correo electrónico del 31 de enero que fue presentado al tribunal por los demandantes el martes.
Los grupos demandantes también solicitaron al juez requerir al Departamento de Justicia nombrar a las personas que hayan sido expulsadas de Estados Unidos como resultado del decreto presidencial de Trump, argumentando que nunca debieron haber sido expulsados.
Entre los viajeros a los que les fue impedido de forma ilegal ingresar a Estados Unidos se encuentra una estudiante, de nacionalidad iraní, que viajaba desde Austria y que realiza sus estudios de maestría, indicó el grupo de Yale según los expedientes judiciales. Fue detenida durante casi 23 horas para ser luego expulsada de Estados Unidos, indicó el grupo.
Los demandantes también identificaron a una mujer de Sudán que viajaba hacia Estados Unidos para cuidar del hijo con necesidades especiales de su hermana embarazada y que estuvo detenida durante más de diez horas para ser, posteriormente, enviada a de vuelta a su casa.
El caso es Darweesh v. Trump, 17-cv-00480, Tribunal Distrital de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York (Brooklyn).
