(Reuters) Un juez estadounidense suspendió el martes la aplicación de un decreto del presidente Donald Trump, que pretendía dejar sin fondos federales a las ciudades opuestas a su política contra la inmigración.

El juez William Orrick, de la corte federal de San Francisco, tomó esta decisión temporal de alcance nacional al considerar que los argumentos de abogados que representan a San Francisco y al condado californiano de Santa Clara tenían fundamento. El debate de fondo tendrá lugar ulteriormente.

El condado de Santa Clara, un ejemplo de estas “ciudades santuario” que se comprometieron a proteger a sus habitantes indocumentados, saludó esta decisión “histórica”.

Junto a San Francisco, este municipio denunció al gobierno de Trump, esperando obtener una decisión similar a la que la justicia tomó para suspender la aplicación de otro decreto del mandatario republicano que prohibía por tres meses el ingreso al país de ciudadanos provenientes de seis países (inicialmente siete) de mayoría musulmana, así como la acogida de refugiados.

Las autoridades de San Clara afirman que el decreto bloqueado este martes podría hacer perder al condado cerca de US$ 1,700 millones.

San Francisco recibe a su vez unos US$ 2,000 millones por año de recursos federales.

El decreto apunta a retirar las subvenciones de la Unión a las ciudades que se niegan a cooperar con la policía federal de la inmigración.

“El decreto suscitó incertidumbres presupuestarias que amenazan con privar a estos condados de centenares de millones de dólares de subvenciones federales empleados en sectores clave”, consideró el juez Orrick.

Las “ciudades santuario”, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Filadelfia, consideran que profundizar la clandestinidad de personas que ingresaron ilegalmente al país tiene efectos nefastos.

Desde la legada al poder de Trump, las autoridades estadounidenses han acentuado la represión a a la inmigración clandestina, a quien acusa de fomentar la criminalidad, aun si ningún estudio serio lo prueba.

El fallo del juez Orrick podría afectar a más de 300 ciudades y condados de todo el país que han calificado de anticonstitucional el decreto de Trump.