El fujimorismo retrocedió en su proyecto de ley que buscaba que las exsocias de Odebrecht no puedan contratar con el Estado.
Como se recuerda, Karina Beteta, impulsora de la iniciativa, sustentó en mayo ante la Comisión de Constitución su planteamiento que busca modificar el Decreto de Urgencia 003 del Poder Ejecutivo.
Durante su exposición en dicha ocasión, afirmó que con su proyecto las exsocias de Odebrecht -que estén involucradas en corrupción y que no tengan sentencias- no podrán volver a licitar con el Estado (Gestión 24.05.17).
La empresa brasileña participó en más de 67 proyectos, en la mayoría de ellos sus socios fueron Graña y Montero, Iccgsa, Andrade Gutiérrez, Compañía San Martín S.A. y Enagás.
Incluso, este diario se comunicó con la legisladora para consultarle sobre el pedido del premier Fernando Zavala a las consorciadas, para que no participen en el proceso de reconstrucción. Aquella vez, Beteta dijo que el oficialismo deberá apoyar su proyecto (Gestión 25.05.17).
El retroceso
Sin embargo, en dos semanas el fujimorismo cambió de parecer, pues ahora lo que busca la iniciativa es retener las utilidades de los exsocios de Odebrecht para asegurar la reparación civil al Estado.
“Se quiere ampliar la retención que solo se le hace a Odebrecht (con el decreto de urgencia). Ampliarlo a empresas que han sido socias de firmas que hayan admitido la comisión de un delito. Con respecto y únicamente al contrato, en el cual ya se ha reconocido que hubo coimas. Por lo tanto, se generan utilidades ilícitas”, explicó a Gestión el congresista Miguel Torres.
Consultado la presunción de inocencia de las empresas consorciadas, el presidente de la Comisión de Constitución dijo que no hay pruebas, pero “sí certezas de que las utilidades son ilícitas”.
“Se tienen que hacer las retenciones para asegurar la reparación civil al Estado. En ningún momento, hemos dicho que se les va a retener el 100%”, agregó el legislador.
Además, Torres estimó que el próximo martes presentará ante la comisión el dictamen sobre este proyecto con el fin de debatirlo y votarlo.
La ausencia de Pérez Tello
Pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, fue citada a la Comisión de Constitución para informar sobre el desarrollo del Decreto de Urgencia 003, no asistió.
Envió un oficio en el que se excusó por “tener una agenda recargada”. Torres dijo que en mayo solicitó precisiones a Pérez Tello sobre el decreto, pero tampoco respondió.
La presentación de la funcionaria se reprogramó para hoy al mediodía.
