El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone aplicar una multa pecuniaria y la disolución de las empresas derecho privado involucradas en casos de corrupción.

La jefa del Gabinete, Ana Jara Velásquez, manifestó anoche que el objetivo de la norma es impulsar una fiscalización “mucho más efectiva” contra la corrupción y abarcar ahora a las empresas de derecho privado debido a que muchas de ellas se han visto involucradas en este tipo de actos.

“Hasta ahora la responsabilidad había alcanzado a las empresas de derecho mercantil, ahora queremos apuntar también a las empresas de derecho privado, que haya una fiscalización mucho más efectiva y que nos permita cerrar todo este círculo donde se han descubierto muchos actos de corrupción”, comentó en declaraciones a la prensa, informó Andina.

Junta a esta iniciativa se plantea otra que busca brindar protección a los denunciantes de actos de corrupción dentro de la administración pública.
Indicó que esta segunda iniciativa evitará que los funcionarios denunciantes de actos de corrupción sean víctimas de represalias laborales en sus centros de trabajo.

La misma protección se hará extensiva a sus familias y los trámites que deban realizar no tendrán costos.

“Se hará un proceso sumario para que lo ventilado en sede administrativa finalmente tenga un desarrollo más diligente”, comentó.

Jara Velásquez expresó su confianza en que el Parlamento aprobará cuanto antes estas iniciativas en el marco de los esfuerzos realizados para contribuir en la lucha contra la corrupción.