El régimen “bolivariano” de Venezuela está pasando del autoritarismo a la dictadura. El 19 de febrero, arrestó al alcalde electo de Caracas, Antonio Ledezma, y luego expulsó de la Asamblea Nacional al congresista Julio Borges, un líder opositor moderado –suerte que el año pasado corrió su colega María Corina Machado.
Otro líder opositor, Leopoldo López , lleva un año en prisión. Casi la mitad de los alcaldes opositores enfrenta algún tipo de acción legal: la denuncia favorita del Gobierno contra los políticos hostiles es la conspiración con la complicidad de Estados Unidos, usualmente.
Pero, en realidad, es el presidente Nicolás Maduro quien está escenificando un golpe contra los últimos vestigios de democracia de su país. Los venezolanos le llaman “autogolpe”.
Hugo Chávez, quien creó y lideró el sistema de Estado socialista bolivariano hasta su muerte, en el 2013, fue electo presidente en varias ocasiones gracias a los extraordinarios ingresos petroleros y a sus políticas asistencialistas.
Además de hacerse del control de los juzgados y la autoridad electoral, reprimió a la prensa opositora. Los gobiernos de América Latina consintieron en parte porque reconocían el apoyo popular del mandatario.
Pero Maduro no posee el carisma ni las dotes políticas de Chávez – tampoco su suerte con el precio del petróleo–. Sus descabelladas políticas económicas han generado escasez de alimentos, inflación creciente y mayor pobreza.
El resultado: la aprobación del presidente y su gobierno ha caído a 20%. En una competición justa y transparente, la oposición ganaría las elecciones parlamentarias de este año, y podría convocar un referéndum para revocar a Maduro.
En lo que Maduro supera a su exjefe es en reprimir a la oposición. La muerte de un muchacho de 14 años en una protesta eleva la probabilidad de que la confrontación entre el régimen y sus críticos se torne violenta, lo que proporcionaría una excusa para una mayor represión.
El arresto de Ledezma podría haber tenido como fin provocar protestas contra el Gobierno, como las del año pasado, cuando 43 personas fueron asesinadas, y que solo sirvieron para fortalecer a Maduro.
El principal responsable de evitar tal violencia es el presidente, pero tanto la oposición como los vecinos de Venezuela tienen el rol de mantener la paz y rescatar la democracia.
La respuesta de la oposición debe ser redoblar su compromiso con el estado de derecho –está exigiendo a la autoridad electoral fijar fecha para las elecciones–, por lo que necesita ayuda.
América Latina ha tolerado por demasiado tiempo el abuso de las reglas democráticas en Venezuela. Los recientes atropellos han provocado preocupación en Brasil, la OEA y otros, pero se debe hacer más; por ejemplo, exigir la liberación de Ledezma y López, y pedir garantías de que las elecciones serán justas.
Si eso no ocurre, Venezuela debe ser suspendida de agrupaciones regionales como Unasur, que establece que sus miembros son democracias. La amenaza de convertirse en paria podría hacer que Maduro reflexione.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd,
London, 2015
