(Reuters) En un Brasil profundamente dividido por la batalla para remover a la presidenta Dilma Rousseff, hay una cosa que une a la gente común en ambos bandos de la disputa sobre el juicio político: la indignación ante la corrupción.

Algunos temen que las investigaciones históricas que han descubierto enormes escándalos de sobornos en la petrolera controlada por el Estado Petrobras podrían ser anuladas si, como se espera, el Senado vota el próximo mes a favor de someter a Rousseff a un juicio político por violar leyes de presupuesto.

Rousseff sería suspendida a mediados de mayo si se inicia el juicio político y el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que asumiría la presidencia de manera interina, está profundamente implicado en la trama de sobornos en Petrobras, al igual que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

No obstante, quienes lideran la investigación insisten en que no permitirán que sea obstaculizada ni que pierda impulso.

“Los fiscales federales y nuestro equipo especial lucharán ferozmente para que esta investigación continúe hasta el fin”, dijo esta semana a Reuters Carlos Lima, uno de los principales fiscales en el caso Petrobras, en su modesta oficina en Curitiba.

“No nos quedaremos en silencio de cara a cualquier intento por despojarnos de esta investigación”, agregó.

Como parte de sus esfuerzos, el equipo especial anticorrupción está redoblando sus llamados para que el público defienda la investigación. También exige cambios a la Constitución para entregar más independencia a la policía federal.

“Ya hemos visto algunas amenazas contra la investigación”, dijo Carlos Sobral, presidente de la Asociación Nacional de la Policía Federal.

“Veremos interferencia política en nuestras investigaciones si no tenemos una enmienda constitucional que entregue autonomía a la policía federal necesitamos el apoyo del público brasileño para que nos protejan”, agregó.

El vicepresidente Michel Temer, quien reemplazaría a Rousseff si es sometida a un juicio político, ha dicho que su eventual gobierno no interferiría con la investigación.