(AFP) La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Brasil anticipó su voto afirmativo para juzgar a Eduardo Cunha, jefe de la Cámara de Diputados y tercero en la sucesión presidencial por un caso de sobornos en Petrobras.

Seis de los once magistrados dijeron que existen indicios suficientes para iniciar una acción penal contra Cunha, acusado por la fiscalía de corrupción pasiva por haber recibido ilegalmente al menos US$ 5 millones para facilitar un negocio de un proveedor con la petrolera estatal.

La votación final será realizada este jueves, y hasta que el presidente de la corte no lea el resultado, los magistrados pueden modificar su posición o solicitar una postergación del caso.

“Hay indicios suficientes de materialidad y autoría en este momento de recibir la denuncia. La prueba se verá en la acción penal”, dijo la jueza Rosa Weber al anticipar su voto.

Weber siguió la postura del juez Teori Zavascki que tramita el caso, al igual que otros cuatro integrantes del máximo tribunal, que señalaron que apoyarán la apertura de un proceso contra el rival político más acérrimo que tiene la mandataria Dilma Rousseff.

La acusación presentada el año pasado por el fiscal general Rodrigo Janot señaló que Cunha recibió sobornos para viabilizar la construcción de dos navíos sonda de Petrobras entre junio del 2006 y octubre del 2012, un negocio cuyo valor combinado superaba los US$ 1,000 millones.

“Estoy absolutamente tranquilo, estoy con la verdad, con la inocencia. No tengo nada de qué preocuparme. Ser acusado no significa que está condenado”, declaró Cunha, al asegurar que “no existe ninguna razón” para dejar el cargo.

El parlamentario, una de las figuras más prominentes de la crisis política y económica que conmueve a Brasil, manejó la agenda legislativa a lo largo del 2015, generalmente en contra de los intereses del gobierno izquierdista.

Sitiado por denuncias en su contra y con un proceso abierto en el Consejo de Ética de la cámara que conduce, aceptó abrir un pedido de impeachment contra Rousseff presentado por un grupo de juristas que la acusan de adulterar las cuentas públicas.

Su maniobra fue vista por el Palacio de Planalto como una venganza personal luego de que el oficialismo respaldara la investigación del Consejo para determinar si ocultó a sus colegas cuentas bancarias en el extranjero.

Ahora, si la corte suprema finalmente acepta la denuncia, Cunha se convertirá en el primer político protegido por fueros en ser juzgado por el “Petrolao”.

El legislador ya anticipó que no renunciará a su cargo y la Constitución establece que el fin de un mandato legislativo solo puede ser definido en una votación del Congreso aun siendo condenado, explicó a la AFP la asesoría de prensa de la cámara baja.