(AFP) El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron la salida del aire de CNN en español y la detención de periodistas en Venezuela, acusando a Caracas de censurar a la prensa.
En un video colocado en su cuenta de Twitter, Almagro criticó la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de sacar la señal de CNN en español de las operadores de cable venezolanas, denunciando una medida “autoritaria” incompatible con las normas interamericanas contra la censura.
“El gobierno de Venezuela, de forma autoritaria, volvió al ataque contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información del pueblo venezolano”, dijo el jefe del organismo regional.
Todas las operadoras de cable de Venezuela dejaron de transmitir la señal de CNN en español el miércoles tras la orden de Maduro, que tachó a la cadena de “instrumento de guerra” tras difundir un reportaje que denunciaba irregularidades con la emisión de pasaportes en la embajada de Caracas en Bagdad.
Pero el secretario general de la OEA señaló que esa decisión refuerza “un régimen de censura previa incompatible con los instrumentos interamericanos que prohíben la censura para informaciones de notorio interés público”.
Almagro, un duro crítico del gobierno venezolano, también denunció la detención y posterior expulsión de dos periodistas brasileños que investigaban las ramificaciones en Venezuela del escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht.
La CIDH secundó esos señalamientos, condenando las acciones de las autoridades venezolanas “dirigidas a censurar a la prensa y a medios de comunicación extranjeros que investigan hechos de interés público en suelo venezolano”, según un comunicado de su Relatoría para la Libertad de Expresión.
La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, manifestó su “alarma por la repetición y el impacto de estas medidas en la libertad de expresión y la vigencia del orden democrático en Venezuela”.
En las últimas semanas, varios periodistas han denunciado haber sido expulsados de Venezuela por su cobertura, en un contexto de ataques constantes contra los medios.
Impedimento a la cobertura de protestas por la escasez de alimentos, robos y confiscación de equipos, agresiones contra periodistas: el 2016 fue el segundo año con más violaciones a la libertad de expresión desde el 2001, según la ONG Espacio Público, que responsabiliza principalmente a agentes del Estado.
Además, la serie de televisión “El Comandante”, una historia de ficción inspirada en la vida del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue prohibida en Venezuela. La CIDH denunció “presión gubernamental”.
Las medidas del gobierno venezolano contra CNN responden a un reportaje de la cadena de noticias difundido la semana pasada que denunciaba una supuesta venta de pasaportes y visas en la embajada venezolana en Bagdad, que pudieron haber terminado en manos de personas ligadas al terrorismo.
Caracas negó esas afirmaciones y descalificó las fuentes del reportaje.
El jueves la agencia estatal que regula las telecomunicaciones anunció que está tramitando igualmente el bloqueo de la señal de CNN en español en internet.
“La censura y el hostigamiento a la prensa están volviendo la libertad de expresión en Venezuela una declaración teórica”, denunció Almagro.
El diplomático afirmó que defender los medios de comunicación y los periodistas “es defender la democracia”, antes de agregar que “éstos son los valores que tenemos que recuperar en Venezuela ya”.
La CIDH defendió el derecho a la libertad de expresión, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ese documento dejó de tener competencia en Venezuela luego que Caracas lo denunciara en el 2012.
Desde que tomó las riendas de la OEA en el 2015, Almagro ha lanzado continuos ataques al gobierno de Maduro.
Al recibir la semana pasada al vicepresidente del Parlamento opositor, el jefe regional anunció que próximamente publicará la versión actualizada de un informe sobre Venezuela, en el que citará los “serios retrocesos” humanitarios y electorales tras el inicio del accidentado diálogo entre gobierno y oposición.
La primera versión del documento, que el diplomático presentó en junio pasado a los países miembros, denunciaba “una grave alteración del orden constitucional” y democrático en Venezuela, y puso al país petrolero en el centro de acalorados debates en el organismo regional.
