Aunque la posible intervención al grupo Clarín por parte del gobierno de Cristina Fernández se conoció en los últimos días, el periodista argentino Jorge Lanata explicó que la maniobra del ‘Kirchnerismo’ data del 27 de diciembre de 2012, cuando el Congreso aprobó la Ley de Mercado de Capitales.
Si bien, hasta ese momento, todo parecía estar dentro de la normalidad, pocos días después de la aprobación de dicha norma, Roberto Feletti, viceministro de Economía, consideró la necesidad de agregar un artículo. Finalmente, el Gobierno argentino dio luz verde a esa disposición. “Ahí estaba la intervención a Clarín”, sostuvo Lanata.
¿Por qué el artículo 20 podría derivar en una posible intervención a dicho grupo de medios? De acuerdo a ese apartado, los accionistas minoritarios pueden intervenir hasta 180 días, sin que un juez lo decida, a los accionistas mayoritarios de una empresa. Solo la Comisión Nacional de Valores -organismo estatal- tiene la última palabra. Hoy en día, el Estado goza del 9% de las acciones de Clarín.
“Para que la minoría pueda quedarse con la mayoría solo tiene que inventar cualquier excusa como el mal manejo de la organización, luego (de la intervención) podrá hacer los cambios que quiera, como mover a los miembros del directorio”, detalló Lanata en el programa Periodismo para todos.
Pero, ¿a qué instancia podrían recurrir los accionistas mayoritarios, en caso decidan manifestar su disconformidad? “Si quieres protestar, como no hubo juez, tendrás que recurrir Hernán Lorenzino, ministro de Economía de Argentina”, aseveró el periodista.
Estado argentino: accionista minoritario
Clarín no sería el único blanco potencial del Gobierno de Cristina Fernández. Según recordó Lanata, tiempo atrás, varias empresas privadas contaban con acciones de las AFJP (Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones), sin embargo, actualmente, dichas acciones pertenecen al Estado, luego de que una política de nacionalización con respecto a las AFJP.
“Cualquier empresa que haya tenido acciones de las AFJP, que ahora pasaron al Estado, pueden ser intervenidas de esa manera, con lo cual pueden remover el directorio y hacer lo que quieran”, finalizó.
