Juez dominicano rechaza acuerdo entre la Procuraduría General y Odebrecht

El magistrado José Alejandro Vargas declaró “inadmisible” la solicitud que le hicieron las partes el 10 de febrero para validar el pacto, en el cual el Ministerio Público renunciaba a procesar a los responsables de la compañía.

El juez dominicano José Alejandro Vargas (Foto: AFP).
El juez dominicano José Alejandro Vargas (Foto: AFP).

AFP.- Un juez dominicano rechazó un acuerdo entre la Procuraduría General y Odebrecht, por el cual la empresa brasileña se comprometió a pagar US$ 184 millones como multa por sus sobornos en el país para obtener contratos.

El magistrado José Alejandro Vargas declaró “inadmisible” la solicitud que le hicieron las partes el 10 de febrero para validar el pacto, en el cual el Ministerio Público renunciaba a procesar a los responsables de la compañía.

A cambio del pago -que duplica el monto de las coimas- la Procuraduría también se obligaba a pedir la suspensión de medidas cautelares contra la empresa, como su inhabilitación temporal para contratar con el Estado.

“Es un remedio sencillo para una enfermedad muy grave”, manifestó Vargas, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, al leer la sentencia.

El juez consideró que el Ministerio Público no está facultado legalmente para realizar este tipo de arreglos, y ordenó que el acuerdo se ajuste al “procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan”.

Organizaciones civiles habían pedido al juez rechazar la conciliación, por considerar que dejaba el caso en la impunidad.

“Alejandro Vargas tiene dos opciones, unirse al pueblo o a los ladrones”, gritaron este miércoles decenas de activistas del movimiento cívico Marcha Verde frente al Palacio de Justicia en Santo Domingo, donde se leyó la decisión.

Convocados entre otros por dicha asociación, el pasado 22 de enero decenas de miles de personas se movilizaron en Santo Domingo contra la impunidad en el caso Odebrecht.

Además, organizaciones civiles recolectaron unas 300,000 firmas de ciudadanos que exigen la designación de fiscales independientes.

Los activistas piden que a los implicados se les aplique la ley de soborno, que prevé penas de hasta diez años de cárcel y una prohibición para contratar con el Estado.

También, la extradición de Marco Antonio Vasconcelos, exgerente general de Odebrecht en el país, como presunto responsable de los sobornos.

En República Dominicana todavía no hay procesados por el escándalo, pero el pasado lunes, en su informe anual ante el Legislativo, el presidente Danilo Medina pidió paciencia y garantizó que los culpables tendrá castigo.

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