Lima, (AFP).- Keiko Fujimori, lideresa de la opositora Fuerza Popular e hija del condenado expresidente Alberto Fujimori, consideró “inaceptable” que ella y su esposo sean investigados por crimen organizado por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
“Resulta que como ahora la fiscalía ‘necesita más tiempo’, pretende calificar mi caso como crimen organizado. Es inaceptable”, señaló este sábado Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter.
La excandidata presidencial agregó que “no hay un nuevo sustento legal para que se continúe la investigación preliminar y menos como crimen organizado”.
Fujimori sostuvo también en Twitter que como política nunca se negará a ser investigada, “pero calificarnos de organización criminal por hacer cocteles es el colmo”.
Según los descargos de Fuerza Popular entregados al ente electoral, la hija del expresidente obtuvo aportes económicos para su campaña a través de cocteles con empresarios, políticos y simpatizantes.
De esta manera, Keiko hizo frente a la decisión del fiscal José Domingo Pérez, encargado de investigarla sobre lavado de activo.
El fiscal dispuso que la indagación contra ella y su esposo, Mark Vito, se adecué a la ley de Crimen Organizado, promulgada en 2013.
La investigación del fiscal se basa en unas anotaciones del celular del empresario brasileño Marcelo Odebrecht que se referían a una supuesta entrega de dinero a Keiko para su campaña presidencial del año 2011, según la prensa.
El Ministerio Público detalló que el fiscal ha solicitado, a través de la cooperación judicial internacional, datos relacionados a la sociedad LVF Liberty Institute desde Estados Unidos.
“La sociedad LVF Liberty Institute (EE.UU.) habría transferido a Fuerza Popular US$65 mil en el 2015”, detalló la fiscalía a través de su cuenta Twitter.
A fines de 2016, Odebrecht admitió haber pagado sobornos a distintos funcionarios por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, un periodo que comprende a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cumple una condena de 25 años por violación de derechos humanos y corrupción.
