En “Los orígenes del Orden Político” Francis Fukuyama, un científico político estadounidense, traza una batalla de siglos entre una “inclinación natural humana de favorecer a familiares y amigos”, que cuando se incrusta en los sistemas políticos se llama patrimonialismo, y los “incentivos compensatorios” de un estado meritocrático, el estado de derecho y un gobierno responsable.

Fukuyama piensa que el patrimonialismo prosperó en América Latina, sobre todo porque pasó lo mismo en la España colonial. Las élites se han acostumbrado a explotar al estado con fines privados. Esta es una razón por la cual la región ha sufrido de desigualdad y de un estado de derecho débil.

En Chile la ley se acata mejor que en otros lugares. Y su presidenta, Michelle Bachelet, ha hecho de la reducción de la desigualdad el punto fuerte de su segundo mandato, que comenzó hace un año. Sin embargo, resulta que algunos en el Chile de Bachelet son más iguales que otros.

En febrero, la revista Qué Pasa reveló que el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, había conseguido un préstamo de US$ 10 millones del segundo mayor banco de Chile para una pequeña y descapitalizada empresa inmobiliaria llamada Caval, donde su esposa tiene una participación del 50%.

El préstamo fue otorgado un día después de que Michelle Bachelet ganara la elección presidencial. Caval lo utilizó para comprar tres terrenos rurales, que poco después fueron rezonificados como aptos para ser urbanizados, lo que significo una ganancia de US$ 5 millones para la compañía cuando los vendió días después.

Dávalos ha dimitido como “director sociocultural” de la presidencia, un cargo no remunerado equivalente al de primera dama que él desempeñó para su madre, quien está divorciada. Dávalos ha sido acusado formalmente de tráfico de influencias. El daño a Michelle Bachelet ha sido enorme.

Bachelet tardó en reaccionar cuando se conoció la noticia mientras estaba de vacaciones. Luego habló “como madre y presidenta” de los “momentos difíciles y dolorosos”. Pero su primer papel superó al segundo pues aún no ha condenado las acciones de su hijo.

Su índice de aprobación ha caído a 31% desde 44% en enero, según la encuestadora Adimark. Los chilenos antes veían a Bachelet como alguien por encima de la política. Ya no más: la agenda de reforma igualitaria de su gobierno se ha visto agobiada por este y otros escándalos relacionados con financiación del partido (que no involucran a Bachelet directamente).

A primera vista, Keiko Fujimori, una política peruana de derecha de 39 años de edad, tiene poco en común con la señora Bachelet, una socialista con experiencia. Sin embargo, ella también tiene un problema familiar.

[ LEA TAMBIÉN: The Economist: Una derrota discordante para Ollanta Humala ]

Su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú como un autócrata entre 1990 y 2000, está cumpliendo sentencias de cárcel por cargos de corrupción y violación a los derechos humanos. Cuando Keiko Fujimori postuló a la presidencia en el 2011 (perdiendo por poco), muchos asumieron que su objetivo era perdonar a su padre.

Desde entonces ella se ha mostrado a sí misma como una política en su propio derecho. Keiko Fujimori es obviamente inteligente y ha llevado a su partido a ser el más fuerte del Perú, donde lidera las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año con un apoyo de 33%.

Su problema es que –a pesar de que una quinta parte de los peruanos aún admira a su padre por haber erradicado al grupo terrorista Sendero Luminoso, acabado con la hiperinflación y sentado las bases para el reciente crecimiento económico– muchos más lo aborrecen.

Keiko Fujimori admite que su padre cometió “errores”, como permitir la corrupción y cerrar el Congreso. Ella ha incorporado rostros más frescos a su partido y planea reclutar tecnócratas exteriores.

A quienes sostienen que una victoria en el 2011 hubiera sido “legitimar una dictadura”, como el influyente novelista peruano Mario Vargas Llosa, Keiko les responde: “yo creo que los hijos no son responsables de las cosas buenas o malas que sus padres han hecho”.

Cierto, sin embargo, su respuesta aún no es lo bastante buena. Algunos de los desacreditados asistentes de Alberto Fujimori son figuras importantes en su partido. Y ella se protege de no decir si perdonaría o no a su padre, y solo se limita a decir que su defensa legal es una “asunto de familia y no del partido” y que su libertad llegará a través de “medios legales y constitucionales”.

En América Latina, la familia es una institución mucho más fuerte que en Europa. El nepotismo sigue siendo un vicio político característico de la región. Pero los votantes más sofisticados de hoy no lo tolerarán automáticamente. Aunque sus ideas políticas son menos conservadoras, Keiko Fujimori enfrenta un dilema similar al que enfrenta Marine Le Pen, lideresa del ultraderechista Frente Nacional de Francia, que como candidata ha dejado de lado a su padre por temor a que su negación del Holocausto afecte su candidatura presidencial .

Al igual que en Francia, es casi seguro que la elección en Perú se defina en segunda vuelta, donde es probable que los rivales de Keiko Fujimori se unan contra ella. Por muy difícil que sea, si quiere ganar, ella va a tener que ser más despiadada al momento de poner la política por delante de la familia. Y si Bachelet quiere rescatar su trastabillante presidencia, ella tendrá que mostrar una determinación semejante, en calidad de madre de la nación y no de Sebastián Dávalos.