El sonoro “¡Extra, extra!” que vestía las calles de antaño y que las películas de Superman supieron retratar ya ha desaparecido del imaginario público. Silenciosa, sin embargo, la labor del canillita se mantiene vigente.

La informalidad del trabajo de los canillitas llamó la atención de un grupo de congresistas fujimoristas, liderados por Héctor Becerril, quien presentó un proyecto de ley en marzo pasado para brindarle un seguro social a estos señores.

Y todo bien con el proyecto y la naturaleza noble de velar por los beneficios que necesitan, pero hay un pequeño detalle en el texto: puede ser una amenaza para la libertad de expresión.

¿Cómo así? Catalina Botero, ex relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, explicó en el seminario sobre libertad de prensa, que esta iniciativa podría desaparecer a los diarios pequeños y medianos.

Y es que el proyecto de Becerril obliga a las empresas de medios de comunicación a pagar este seguro, sustrayendo el 2% de las ventas netas de diarios, revistas y billetes de lotería.

Esta sola premisa limita muchísimo a las publicaciones medianas o pequeñas, pues no contarían con la liquidez suficiente para asumir esta carga. “Vamos a fomentar que solo los más grandes puedan subsistir”, añadió la experta.

De hecho, explicó que la iniciativa fujimorista fomentaría la concentración. “Solo los medios grandes pueden destinar el 2% de sus ventas para pagar la seguridad social de los canillitas”, anotó.

Seguridad social
“Los canillitas tienen derecho a contar con un tipo de seguro. La pregunta es si los medios de circulación nacional deben asumir esa seguridad social”, cuestionó Botero.

Para la especialista, es importante y necesario que la “colonia informal cuente con un seguro”, pero explicó que este no debe correr por cuenta de las empresas privadas, sino del Estado.

También criticó el resto de proyectos de ley en el Congreso que atentan contra la libertad de expresión.

“Quiero llamar la atención de los congresistas que han presentado estos proyectos, que evalúen el impacto gravísimo de afectar la deliberación democrática en un Estado como el Perú”, sentenció.