(Reuters) El líder opositor y ex candidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles, fue inhabilitado el viernes para postularse a cargos de elección popular por 15 años, una sanción que lo descalifica para aspirar a la presidencia en el 2018.

Capriles, gobernador de Miranda, el segundo estado más poblado del país, fue sancionado por la Contraloría por seis casos, entre ellos, haber recibido donaciones de las embajadas de Gran Bretaña y Polonia, reconducir el presupuesto de su gobernación e invertir recursos en propaganda televisiva.

“A mis queridos y respetados compañeros de trabajo, sigo acá y siendo su Gobernador, llegamos con el voto del Pueblo y solo el Pueblo decide”, dijo Capriles, retando la sanción que supone su separación de todo cargo público, incluso de la gobernación que dirige desde el 2008.

El abogado de 44 años aún puede apelar la sanción ante la Justicia.

Un documento enviado a Reuters por el equipo de Capriles, y donde se explican las irregularidades, asegura que en ninguno de los casos hay “daño patrimonial”.

“Es evidente que se utiliza a la Contraloría como un mecanismo de persecución política y de amenaza a autoridades electas y líderes que oponen al actual gobierno”, dice.

Venezuela atraviesa una crisis política que se profundizó la semana pasada, luego de que la Justicia se arrogó facultades legislativas, generando llamados internacionales a respetar la democracia y protestas de calle.

A pesar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revirtió rápidamente parte de las polémicas sentencias, criticadas por el propio presidente Nicolás Maduro, la oposición acusa que en Venezuela continúa la “ruptura del hilo constitucional”.

La inhabilitación de Capriles podría caldear los ánimos en momentos en que la oposición se prepara para tomar nuevamente las calles el sábado.

“El gobierno de Maduro ha usado sucias trampas para sacar del juego democrático uno a uno a todos sus adversarios políticos”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización no gubernamental Human Rights Watch.

“Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía”, agregó.

En el pasado, el gobierno socialista ha inhabilitado a otros políticos de oposición.

Uno de ellos, perfilado para la presidencia, Leopoldo López, sufrió la sanción en el 2008, lo que le impidió competir contra el líder socialista Hugo Chávez en las presidenciales del 2012. En el 2014, fue encarcelado acusado de encender una ola de protestas.

Primera víctima
La noche del jueves, un joven de 19 años murió de un disparo durante una protesta contra el gobierno, el primer fallecido en medio de una nueva ola de manifestaciones callejeras.

El Ministerio Público dijo que imputará por el hecho a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana.

Decenas de manifestantes se reunieron el viernes en el sitio donde le dispararon a Jairo Ortiz, con banderas de Venezuela, y carteles de “No+Dictadura”.

“Nos vamos a mantener en las calles y, en especial en Los Teques, que es la capital del estado de donde es el gobernador Henrique Capriles y porque es el lugar donde ocurrió el primer asesinato contra manifestantes este 2017”, dijo Carlos Arancibia, escritor y periodista de 25 años.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la muerte de Ortiz e instó al Gobierno a cesar la “represión en forma inmediata”.

Venezuela atraviesa una grave crisis, con la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez de las que la oposición culpa a Maduro.

Pero el mandatario de 54 años dice que son sus adversarios los responsables por llevar a cabo una “guerra económica” contra su gobierno socialista.