(Bloomberg) Entre tuits, el presidente estadounidense, Donald Trump, se hizo tiempo el fin de semana pasado para hablar con su homólogo brasileño, Michel Temer, y la mandataria chilena, Michelle Bachelet.

En ambos casos, la prioridad era alentar “el respeto de los derechos humanitarios y democráticos en Venezuela”.

Un objetivo loable, pero si Trump en verdad quiere restablecer la democracia en Venezuela, debería dejar que América Latina encabece el esfuerzo.

No es que Trump se equivoque al decir que “los socialistas han arruinado” Venezuela. A pesar de que el país cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, la economía venezolana sigue contrayéndose. Hay escasez de alimentos y medicinas.

Las solicitudes de asilo a Estados Unidos por parte de venezolanos se han disparado y centenares de miles de personas que quieren emigrar ni siquiera pueden obtener pasaportes. La inflación es tan grave que la gente pesa la moneda en lugar de contarla.

El presidente Nicolás Maduro continúa reprimiendo a sus oponentes, sobornando a las instituciones políticas y eludiendo los llamados externos al diálogo.

Sin embargo, así como el predecesor de Trump, Barack Obama, hizo muy poco por presionar a Maduro, el peligro es que Trump pueda hacer demasiado y que eso pueda socavar esfuerzos multilaterales más prometedores por resolver la crisis política del país.

Maduro está bien posicionado para que los golpes de nuevas sanciones del Tío Sam redunden en su propio beneficio político. Las políticas de Trump sobre inmigración, comercio y Cuba –que difieren por completo de las de Obama– han generado alarma en América Latina. Sus ataques al poder judicial y a la prensa libre en Estados Unidos lo convierten en un defensor inverosímil de esas causas en el exterior. Por otra parte, los pasillos vacíos y el reducido presupuesto de su Departamento de Estado lo han convertido en un vehículo muy pobre para una diplomacia efectiva.

La marea política en América Latina se vuelve contra Maduro. En diciembre, el bloque comercial Mercosur suspendió la membresía de Venezuela, una medida que podría derivar en la expulsión del grupo sobre la base de su cláusula sobre la democracia.

Ahora, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha reiterado su llamado a invocar la Carta Democrática de la OEA, lo que facultaría a sus miembros a presionar a Venezuela para que respete los derechos de sus ciudadanos.

Por el momento, Almagro no cuenta con los votos necesarios, pero una fuerte presión de Trump no va a contribuir. Dependerá de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y los demás vecinos de Venezuela –todos los cuales se han visto perjudicados por el mal funcionamiento venezolano- convencer a otros miembros.

Mientras tanto, EE.UU. puede trabajar con discreción. Cubrir los cargos diplomáticos vacantes en la OEA y en Argentina no vendrían mal. La influencia estadounidense en las Naciones Unidas y ante la Unión Europea también puede ser de utilidad.

En lugar de más sanciones, EE.UU. podría redoblar las investigaciones y procesos judiciales de venezolanos responsables de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.

También resultaría fructífero apartar a los países caribeños del petróleo subsidiado venezolano que los ha mantenido al lado de Maduro. Tal vez el nuevo secretario de Estado y expresidente ejecutivo de Exxon Mobil Corp. tenga algunas ideas al respecto.

Liderar desde atrás podría no ser el estilo de Trump. Es una pena, porque es la forma más segura de que Estados Unidos obtenga resultados en Venezuela.