La presidenta chilena Michelle Bachelet envió hoy al Congreso los primeros proyectos de su prometida reforma para garantizar educación gratuita y de calidad a todos los ciudadanos, aunque el movimiento estudiantil observa el proceso con recelo.

La mandataria socialista llegó al poder en marzo con la promesa de profundos cambios en el sistema educacional, financiados a través de una reforma tributaria que se discute actualmente en el Congreso y que pretende recaudar unos US$ 8,200 millones.

“Hoy estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos ante Chile, iniciar un proceso de transformación profunda a nuestro sistema educativo que permita asegurar calidad, gratuidad, integración y fin al lucro”, dijo Bachelet en el acto de firma de los proyectos de ley.

Entre las propuestas se incluye el fin al lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado por estudiante.

“No es justo que los recursos de todos los chilenos en lugar de enriquecer nuestra enseñanza, enriquezcan a un particular”, comentó Bachelet.

La reforma contempla que el Estado amplíe la cobertura que actualmente entrega por cada estudiante en el caso de los colegios que reciben subvención, de modo que las familias no deban desembolsar recursos para completar el costo de la educación de sus hijos.

“Será el Estado, a través de los recursos obtenidos de la reforma tributaria, el que financiará gradualmente los aportes que hoy están pagando las familias, especialmente la clase media, de su propio bolsillo”, detalló.

En las iniciativas, que Bachelet definió como la fase inicial de la reforma, también se incluyen cambios en el sistema de educación pre-escolar.

Sin embargo, los proyectos enviados no incluyen los referentes a la gratuidad y otras modificaciones en el sistema de educación universitaria y técnica-profesional, lo que Bachelet prometió se realizará durante el segundo semestre de este año.

Entre los cambios que se preparan en educación universitaria, Bachelet dijo que se contempla la modificación de los modelos de financiamiento, del sistema de supervisión, el derecho a la gratuidad y los mecanismos de ingreso y fiscalización.