“Cuando uno quiere actuar bajo el estado de derecho, la lógica indica que la Policía tenga el respaldo de la Fiscalía, cada interdicción con un fiscal, así funciona el Estado para garantizar que no se violen derechos”, declaró a Agencia Andina.
Además, advirtió que ello no se está dando por falta de apoyo del Ministerio Público , lo cual resulta necesario para entrar a sectores difíciles como La Pampa y erradicar la minería ilegal.
Incluso, indicó que había conversado con Pablo Sánchez, titular del ministerio Público, para que ayude en esta tarea, pero el apoyo no se está dando en la región.
También lamentó que la Fiscalía.
Por otro lado, considero que si el problema de la minería ilegal evoluciona, se tendría que evaluar la posibilidad de instalar una base militar en La Pampa como un siguiente paso.
Aunque precisó que esta decisión le corresponde al mandatario Ollanta Humala.
“La militarización es algo que nunca se desea porque no se trata de meter militares a controlar cosas de civiles”, finalizó.
